Por María del Pilar Tello
Artículo de opinión
El Perú se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia. Después de una larga etapa de confrontaciones entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, crisis ministeriales y una profunda desconfianza ciudadana hacia la clase política, estamos en un período de transición cuyo objetivo fundamental es conducirnos hacia nuevas elecciones generales.
Este proceso debe ser entendido como un puente hacia la reconstrucción de la legitimidad democrática.
La transición no está diseñada para redefinir el poder político ni para reorganizar las relaciones entre las fuerzas parlamentarias. Su función es más limitada, pero mucho más importante: garantizar que el país llegue al próximo proceso electoral en condiciones mínimas de normalidad política.
Sin embargo, en las últimas semanas hay señales preocupantes que indican que algunos sectores del Congreso interpretan este período de manera distinta. Grupos parlamentarios han intervenido directamente en la conformación del nuevo gabinete ministerial. La negociación política forma parte del funcionamiento normal de cualquier sistema democrático. El problema aparece cuando esa intervención parlamentaria se convierte en factor determinante en la designación de los ministros. La Constitución establece un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente de la República designa a su gabinete y el Congreso, posteriormente, decide si otorga o no la investidura. Este mecanismo busca asegurar un control político entre poderes independientes.
Pero cuando los parlamentarios intervienen en la formación del gabinete, ese control pierde sentido. El Congreso termina actuando simultáneamente como arquitecto y como juez del gobierno que le solicita la investidura del gabinete.
La consecuencia es la erosión de la separación de poderes. Cuando ese equilibrio desaparece, el sistema político se inclina hacia una concentración excesiva de poder en el Parlamento hasta llegar a la “dictadura parlamentaria”, llevando sus competencias más allá de los límites constitucionales y condicionando el funcionamiento del Ejecutivo.
Esto es particularmente grave en una transición. Estamos a cinco semanas de ir a las urnas para abrir una nueva etapa política. Este período debería estar dedicado exclusivamente a preservar la tranquilidad institucional y a garantizar que las elecciones se desarrollen en un clima de normalidad democrática.
Si el tramo final de la transición se convierte en un espacio de disputas por cuotas de poder dentro del Ejecutivo, el resultado puede ser una mayor desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
El Congreso debe comprender su responsabilidad histórica en este momento en proteger el proceso democrático.
Negar la investidura después de haber participado en la formación del gabinete sería una demostración extrema de irresponsabilidad política. Convertiría la transición en una confrontación implacable que el país no puede permitirse. Lo que corresponde es actuar con visión de Estado.
Otorgar la investidura no significa respaldar políticamente al gobierno ni compartir necesariamente sus decisiones. Significa reconocer que el objetivo principal es proteger las elecciones de toda perturbación.
Después de años de inestabilidad, el Perú puede recuperar una mínima normalidad democrática que comienza por permitir que la transición llegue a su destino. Ojalá con el mejor gobierno y toda la legitimidad posible. El escenario ya es suficientemente complejo para hacerlo más difícil.
La transición debe ser protegida. Nuestro país debe estar por encima de todo.
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