La falta de asignación presupuestaria bloquea la ley anti-extorsión, dejando al sector transporte sin las garantías prometidas.
Este jueves 5 de marzo, Lima enfrentará una paralización del transporte urbano debido a la convocatoria de un paro y movilización nacional liderado por gremios como ATSUPER y Asotrani. Más de 8,000 conductores, incluyendo taxistas y colectiveros, suspenderán sus labores para marchar hacia el Congreso y Palacio de Gobierno.
La medida de fuerza responde a la ola de extorsiones y asesinatos que ha cobrado la vida de al menos seis transportistas en lo que va del año, crímenes vinculados a organizaciones como «La Federación». Los manifestantes denuncian el abandono estatal y la inoperatividad de los mecanismos de protección, dejando a Lima Metropolitana sin servicio de transporte público durante la jornada.
Exigencias legales y seguridad operativa
El núcleo de la protesta es la exigencia de implementar la Ley N.° 32490, la cual contempla indemnizaciones para deudos y beneficios para las víctimas de la criminalidad, pero que actualmente carece de ejecución real. Los gremios demandan la activación inmediata del plan “corredor seguro”, la remoción de jefaturas policiales en los 43 distritos de Lima y el funcionamiento efectivo del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).
Según los dirigentes, la falta de articulación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial permite que la impunidad persista, mientras los trabajadores quedan excluidos incluso de la cobertura básica de salud tras sufrir atentados.
Ruptura del diálogo y críticas al Ejecutivo
Voceros de ATSUPER y Asotrani han señalado una ausencia de respuesta formal por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a sus pliegos de reclamos. Los dirigentes critican que las autoridades prioricen el diálogo con el sector empresarial, excluyendo a los conductores de las mesas técnicas de seguridad.
Asimismo, exigen la derogación de leyes que favorecen la impunidad criminal y denuncian que las recientes designaciones en el sector Interior no han generado cambios sustanciales en la lucha contra el sicariato, calificando las acciones del Gobierno como insuficientes y reactivas.
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