Rospigliosi ampara sus calificativos en la libertad de expresión frente a querella de Espinoza por un millón de soles.
El legislador Fernando Rospigliosi, en su calidad de presidente encargado del Congreso, ratificó su postura confrontacional frente a la querella por difamación interpuesta por la ex-fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Pese a enfrentar un pedido de dos años y cuatro meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles, el parlamentario aseguró que no se retractará de sus calificativos, alegando que sus críticas se basan en la supuesta persecución de la ex-magistrada contra fuerzas del orden. La audiencia, marcada por la ausencia de conciliación, derivó en la continuación del juicio oral y la ampliación de la imputación por la persistencia de agravios en redes sociales.
Desafío judicial y defensa de la libertad de opinión
Rospigliosi asistió a la sede judicial bajo apercibimiento de grado o fuerza, manifestando ante la prensa que sus expresiones -que incluyen términos como «aliada del terrorismo» y «desquiciada»– constituyen un ejercicio legítimo de su libertad de opinión.
Según el legislador, la demanda de Espinoza busca limitar el derecho de los ciudadanos a cuestionar a figuras públicas. Su defensa, ejercida por el abogado Humberto Abanto, sostiene que el discurso del parlamentario se enmarca en la crítica legítima a la gestión de funcionarios, especialmente en casos que involucran a militares y policías.
Ante la jueza suprema provisional Norma Carbajal, la parte demandante solicitó incluir nuevas declaraciones de Rospigliosi vertidas en plataformas digitales. La magistrada admitió la ampliación de la imputación por delito continuado, lo que fortalece la tesis de la fiscalía sobre un patrón repetido de difamación agravada y extiende los plazos de prescripción del proceso.
Mientras la defensa de Espinoza argumenta un daño sistemático a la reputación institucional, Rospigliosi insiste en que el sistema judicial debe proteger la libertad de prensa frente a lo que califica como amenazas de una ex-funcionaria pública.
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