Comisión Permanente aprueba informe de inhabilitación contra Delia Espinoza por 16 votos a 4.
La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se encuentra ante una inminente inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. El Consejo Directivo del Congreso ha programado para el próximo 12 de marzo el debate del informe final sobre las denuncias constitucionales 563 y 618 en el Pleno.
Esta medida, ya respaldada por la Comisión Permanente con 16 votos a favor, surge tras las acusaciones de los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, quienes sostienen que la magistrada vulneró principios fundamentales de la Constitución Política del Perú.
Fundamentos de la denuncia y la «Inviolabilidad del Voto»
El núcleo del conflicto reside en la decisión de Espinoza de denunciar constitucionalmente a once parlamentarios que votaron a favor de un proyecto de ley que permite a ex-miembros de las fuerzas del orden percibir simultáneamente su pensión y su sueldo como congresistas.
Según el informe sustentado por Jorge Montoya, la fiscal habría quebrantado el artículo 93 de la Constitución, el cual establece que los legisladores no son responsables ante ninguna autoridad por sus opiniones o votos en el ejercicio de sus funciones.
Presuntas infracciones: Se le imputa vulnerar el ejercicio del poder estatal (artículo 45), la inviolabilidad del voto (artículo 93) y el debido proceso (artículo 139).
Afectados: Entre los denunciados por la fiscal figuran personajes clave como José Williams, Roberto Chiabra y el propio Jorge Montoya.
Argumento legislativo: Sancionar a un congresista por su voto, incluso si este le beneficia, se considera un precedente peligroso contra la representación popular.
Defensa de Espinoza y postura institucional
Por su parte, la defensa de la ex-fiscal, liderada por el abogado Rodolfo Pérez, sostiene que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de perseguir el delito ante indicios razonables de beneficio personal indebido. Pérez enfatizó que la intención de Espinoza era salvaguardar la transparencia en la función pública y no socavar la autonomía parlamentaria.
Durante su comparecencia, la propia Delia Espinoza rechazó las acusaciones, calificando el proceso como una muestra de «dictadura congresal» y denunciando una abierta persecución política por el simple cumplimiento de sus funciones de investigación.
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