Con el inicio del año escolar 2026, el Indecopi ha intensificado su labor de fiscalización para prevenir cobros abusivos y exigencias ilegales en las instituciones educativas. Mariella Villacorta, vocera de la Dirección de Protección al Consumidor, recordó que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece límites claros sobre lo que los centros educativos pueden solicitar en sus listas de materiales, bajo riesgo de enfrentar multas que alcanzan las 450 UIT.
Restricciones sobre materiales de limpieza y marcas
Las instituciones educativas tienen estrictamente prohibido solicitar útiles de aseo personal o limpieza para el mantenimiento del plantel, tales como papel higiénico, jabón líquido, platos descartables o detergentes. La normativa señala que estos insumos son responsabilidad de la administración del colegio y no deben ser trasladados al presupuesto familiar.
La única excepción es el material de higiene de uso personal y directo del alumno, como una toalla o jabón para el aseo tras las clases de educación física.
Asimismo, los colegios no pueden direccionar la compra hacia marcas específicas ni obligar a los padres de familia a adquirir útiles o uniformes en establecimientos exclusivos. Esta práctica vulnera la libertad de elección del consumidor, protegida por el artículo 73 del Código.
Plazos de entrega y reutilización
Para aliviar la carga económica, el Indecopi establece que la entrega de útiles debe ser progresiva y no necesariamente completa el primer día de clases. Además, se prohíbe la exigencia de libros nuevos de manera obligatoria cada año escolar; los textos de segundo uso son plenamente válidos siempre que su estado físico permita el desarrollo de las actividades educativas de forma normal.
Canales de atención y denuncia
Ante cualquier irregularidad o incumplimiento de estas normas, los padres de familia deben seguir los siguientes pasos:
- Solicitar el Libro de Reclamaciones del centro educativo para dejar constancia de la queja.
- De no obtener una solución satisfactoria, interponer una denuncia ante Indecopi, entidad encargada de sancionar las malas prácticas y garantizar la transparencia en el servicio educativo.
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