Por María del Pilar Tello
Artículo de opinión
Durante más de cuatro décadas, las cajas municipales de ahorro y crédito han sido una de las experiencias más exitosas de inclusión financiera en el Perú. En un país caracterizado por la alta informalidad y por la limitada penetración de la banca tradicional en sectores populares y territorios alejados de los centros urbanos, estas instituciones han cumplido un papel decisivo en el acceso al crédito para miles de micro y pequeños emprendedores. Dejamos constancia de ello con el libro Promesas de Progreso que en coautoría con Aleyda Gonzalez Tello reunió entrevistas a microemprendadores clientes exitosos de las Cajas.
Ese éxito no fue producto del azar ni de la mera voluntad política. Fue el resultado de un diseño institucional deliberado que comprendió desde el inicio que una entidad financiera con misión social solo puede cumplir su función si se encuentra protegida de a los intereses, ciclos y presiones del poder político.
La creación del sistema de cajas municipales, impulsada por la cooperación alemana bajo el liderazgo de Claus Peter Zeitziger, con la contraparte de la Superintendencia de Banca dirigida por Juan Klingenberger, aplicó prolijamente el modelo de las Sparkassen alemanas, que desde el siglo XIX han demostrado que es posible articular inclusión financiera y sostenibilidad económica en instituciones de carácter territorial. Pero esa sostenibilidad depende de una condición fundamental: su autonomía operativa frente a las autoridades políticas.
Quienes participamos en el diseño normativo de las cajas municipales entendimos que el mayor riesgo para una institución financiera con objetivos sociales no es el mercado, es su eventual captura por intereses políticos de corto plazo. Por ello, se establecieron mecanismos legales orientados a impedir que estas entidades se convirtieran en instrumentos de clientelismo o en fuentes indirectas de financiamiento de agendas partidarias.
El principio es claro: sin autonomía institucional no hay sostenibilidad financiera; sin ella no hay inclusión social.
Las cajas municipales no fueron concebidas como extensiones del aparato municipal ni como plataformas de promoción política de autoridades locales o nacionales. Su carácter descentralizado respondía precisamente a la necesidad de atender las dinámicas económicas propias de cada territorio, evitando su concentración en Lima y preservando su vinculación con el desarrollo productivo local.
Durante décadas, este modelo permitió que las cajas municipales construyeran carteras crediticias sanas, desarrollaran mecanismos de evaluación de riesgo adaptados a la microempresa y mantuvieran niveles de morosidad compatibles con su misión social. En muchos casos, se convirtieron en la única fuente de financiamiento formal disponible para pequeños emprendedores excluidos del sistema bancario tradicional.
Hoy, sin embargo, ese equilibrio se encuentra en riesgo. Las iniciativas orientadas a incorporar representantes políticos, congresistas en los directorios de las cajas municipales suponen una alteración sustantiva de su naturaleza institucional. La intervención política directa en los órganos de gobierno de entidades financieras introduce incentivos perversos que pueden distorsionar la asignación de crédito, debilitar los mecanismos de control interno y comprometer la estabilidad patrimonial de estas instituciones.
La experiencia internacional es clara. La politización del gobierno de entidades financieras con fines sociales ha conducido, en numerosos casos, a la acumulación de carteras deterioradas producto de decisiones crediticias con criterios electorales antes que por evaluaciones técnicas de riesgo. El resultado suele ser el mismo: pérdida de solvencia, deterioro institucional y, finalmente, la necesidad de rescates financiados con recursos públicos.
En el caso de las cajas municipales, el riesgo es aún mayor. Su fortaleza ha residido precisamente en su capacidad de combinar cercanía territorial con disciplina financiera. Introducir actores políticos en sus directorios compromete esa disciplina y podría transformar progresivamente a estas instituciones en instrumentos de gasto populista o de financiamiento clientelar.
Politizar el gobierno de las cajas es una barbaridad lindante con el crimen social. No es una reforma administrativa.
Es una amenaza estructural a su viabilidad económica y a su misión de in inclusión social.
Debilitar su autonomía institucional pone en peligro el acceso al crédito de miles de emprendedores que dependen de ellas para sostener sus actividades productivas. Pero también compromete una de las pocas políticas públicas que ha demostrado, en el tiempo, su capacidad para generar desarrollo desde abajo.
Defender la autonomía de las cajas municipales no es un acto corporativo ni una resistencia burocrática. Es una condición necesaria para preservar un modelo de inclusión financiera que funciona porque fue diseñado para mantenerse al margen de la lógica del poder político.
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