La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, surge tras el fin del mandato de Nicolás Maduro.
Venezuela aprobó el pasado jueves 19 de febrero de 2026 una ley de amnistía general destinada a la liberación de presos políticos, en el marco de una transición liderada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La normativa, ratificada por unanimidad en el Parlamento tras la captura de Nicolás Maduro en enero, busca la reconciliación nacional bajo la premisa de «saber pedir y recibir perdón», aunque mantiene condiciones que podrían excluir a figuras como la líder opositora María Corina Machado.
La ley abarca delitos políticos cometidos durante los 27 años del chavismo, permitiendo que incluso personas en el exilio soliciten el beneficio mediante apoderados. No obstante, el artículo 9 excluye a quienes sean procesados por invocar o facilitar acciones armadas extranjeras contra la soberanía nacional, cláusula que afectaría a opositores señalados por el anterior gobierno.
Según la ONG Foro Penal, si bien 448 personas han sido liberadas desde enero, aún permanecen 644 detenidos cuyos procesos dependerán ahora de tribunales que deben validar cada solicitud de amnistía.
Impacto social y cierre de centros de represión
El anuncio generó escenas de profunda emoción en las afueras de prisiones emblemáticas como el Helicoide, cuya clausura fue ordenada por la presidencia interina al considerarlo un símbolo de represión. Familiares de los detenidos, algunos de los cuales mantenían huelgas de hambre, levantaron sus medidas de protesta con la esperanza de una excarcelación inmediata.
Este paso legislativo forma parte de una agenda de apertura que incluye la reactivación de la industria petrolera y la normalización de relaciones con Estados Unidos, país que ha manifestado su respaldo al proceso de transición.
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