El Ministerio de Seguridad de Argentina, bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, ha establecido una «zona exclusiva» y restringida para la prensa durante las movilizaciones contra la reforma laboral, una medida que ha sido interpretada por organismos gremiales como un límite a la libertad de expresión.
Al advertir que la cobertura en focos de conflicto representa una «autopuesta en peligro», el Gobierno traslada la responsabilidad de cualquier agresión policial a los propios periodistas, generando un fuerte rechazo por parte de SIPREBA y ACERA, quienes denuncian un intento de ocultar posibles actos represivos al alejar a los testigos directos de los hechos.
Restricciones geográficas y advertencias oficiales
La cartera de Seguridad dispuso que los cronistas deben permanecer en un sector delimitado en Hipólito Yrigoyen al 1700, argumentando la necesidad de resguardar su integridad física. No obstante, el comunicado oficial incluyó una advertencia directa: ante incidentes, las fuerzas de seguridad actuarán, y cualquier periodista fuera del área designada será responsable de su propia seguridad.
Esta normativa, vigente para los días 18, 19 y 20 de febrero, coincide con el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados y busca, según las autoridades, «reducir situaciones de riesgo».
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Corresponsales Extranjeros (ACERA) manifestaron su firme oposición, señalando que estas condiciones son incompatibles con los derechos humanos. Agustín Lecchi, secretario general de SIPREBA, recordó que la presencia de cámaras ha sido vital en el pasado para identificar responsabilidades materiales en casos de represión, como ocurrió con el gendarme Héctor Guerrero. Las organizaciones sostienen que el Estado está incumpliendo su obligación de proteger la protesta y el trabajo periodístico, delegando esa carga en los trabajadores de prensa.
Vulneración de estándares internacionales
ACERA advirtió que estas disposiciones generan un efecto intimidatorio y vulneran el derecho de la sociedad a recibir información veraz. La organización recordó que, según la CIDH-OEA y las Naciones Unidas, el Estado debe garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas en contextos de alta conflictividad.
Para los referentes gremiales, la medida es una versión «más grave y burda» de protocolos anteriores, ya que anticipa una posible represión dirigida y desliga al Gobierno de las consecuencias legales de sus operativos de seguridad.
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