Gestión bajo fuego: Legislativo califica de «deficiente e inoperante» el desempeño de Mario Godoy.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este miércoles la destitución e inhabilitación de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, tras determinar su responsabilidad en el incumplimiento de funciones. El Legislativo fundamentó su decisión en la incapacidad del funcionario para garantizar la seguridad de los magistrados que enfrentan amenazas directas del crimen organizado, dejando al sistema de justicia en una situación de vulnerabilidad crítica.
Juicio político y renuncia previa
Antes de que iniciara el proceso de interpelación, Godoy presentó su renuncia al cargo, argumentando que el juicio respondía a «intereses» de agrupaciones políticas. No obstante, el Congreso procedió con la sesión y, con una contundente mayoría de 148 votos, decidió censurarlo y destituirlo en ausencia. Como parte de la sanción, el exfuncionario quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de dos años.
El informe de la Asamblea calificó la labor de Godoy como «deficiente» e «inoperante», resaltando casos alarmantes de desprotección.
Uno de los puntos más graves fue la retirada de seguridad a un juez anticorrupción que había condenado a un narcotraficante y que, además, denunció presiones internas para favorecer a un ciudadano serbio en un proceso por lavado de activos. El Legislativo concluyó que las acciones de la Judicatura fueron insuficientes para proteger la independencia judicial.
Un sistema de justicia bajo asedio
La remoción de Godoy ocurre en un contexto de extrema violencia contra los operadores de justicia en Ecuador. Según datos del Observatorio de Derechos y Justicia, entre los años 2020 y 2025, la nación sudamericana ha registrado el asesinato de 12 fiscales y tres jueces. Esta escalada de ataques subraya la urgencia de una administración judicial que implemente protocolos de protección efectivos frente a la penetración de las mafias en el Estado.
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