A través de un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo cuestiona la legalidad del cierre de la playa Agua Dulce ordenado por la Municipalidad de Chorrillos. La institución exhortó a las autoridades distritales a revocar inmediatamente esta medida y garantizar que la población pueda acceder libremente a este espacio.
En el comunicado, la entidad manifestó su rechazo a cualquier tipo de restricción que impida el ingreso de los ciudadanos a zonas que, por mandato constitucional, son de uso público y gratuito.
La entidad fundamentó su posición en la naturaleza jurídica de las playas del litoral peruano, clasificándolas como bienes de dominio y uso público. Este estatus legal impide que autoridades o particulares puedan restringir de manera arbitraria el acceso de la población a estos espacios.
Si bien la Defensoría reconoce que los gobiernos locales tienen competencias específicas en materia de gestión de playas, precisó que estas atribuciones no incluyen la facultad de cerrar el acceso al público. El comunicado señaló que corresponde a las municipalidades asumir responsabilidades vinculadas a la limpieza, mantenimiento y conservación de estos espacios.
La institución indicó que la gestión adecuada de la playa debe incluir acciones de limpieza y mantenimiento permanentes, como parte de las obligaciones que los gobiernos locales tienen con la ciudadanía.
La Defensoría mantiene su posición de vigilancia sobre este caso y ha advertido que continuará monitoreando que las autoridades locales cumplan con su obligación de garantizar el acceso libre y gratuito a todos los espacios costeros que, por mandato constitucional, pertenecen al uso colectivo de la ciudadanía.
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