El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo dictó sentencia condenatoria contra ocho exconsejeros regionales de La Libertad por el delito de usurpación de funciones.
El fallo determina que los exfuncionarios vulneraron la legalidad institucional en 2021 al desconocer la mesa directiva legítima y ejercer atribuciones exclusivas del consejero delegado, lo que derivó en penas de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año y el pago de una reparación civil de 10,000 soles.
La resolución judicial establece sanciones diferenciadas según el grado de participación en los hechos ilícitos. El exconsejero David Oswaldo Calderón de los Ríos recibió la pena más alta, con cuatro años y seis meses de privación de la libertad.
Por su parte, se fijó una pena de cuatro años para los exconsejeros Edgar López Chávez, Teresita de Jesús Bravo Malca, Edwin Martín Castellanos García, Gonzalo Alfredo Rodríguez Espejo, Santos Nicolás Vásquez Ibáñez, Roberto Luis Portilla Lescano y el actual representante de Pataz, Luis Alberto Rodríguez Ponce.
Sustento de la acusación fiscal
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo acreditó que los acusados organizaron una convocatoria fraudulenta para sesiones ordinarias en enero de 2021, ignorando la autoridad del entonces consejero delegado, Juan Fernando Díaz Sánchez. Según el Ministerio Público:
Los sentenciados suscribieron un oficio múltiple sin tener facultades legales para citar a sesiones.
Calderón de los Ríos asumió ilegalmente la presidencia de dichas sesiones y notificó convocatorias.
Se vulneró el Reglamento Interno del Consejo Regional, que reserva estas funciones específicamente al consejero delegado.
Aunque la ejecución de la pena privativa quedó suspendida por el periodo de un año, los sentenciados deberán cumplir estrictas reglas de conducta. La inhabilitación impuesta busca proteger la administración pública, impidiendo que los involucrados asuman funciones en el Estado a corto plazo, reafirmando el principio de autoridad y el respeto a los procesos administrativos internos del Gobierno Regional.
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