El presidente Donald Trump vinculó el fallecimiento de dos ciudadanos a manos de fuerzas federales en Mineápolis con un supuesto caos demócrata, en un momento de máxima tensión por su ofensiva antiinmigración.
Mientras la Casa Blanca justifica las acciones policiales, la difusión de evidencias que contradicen la versión oficial y la presión de figuras como Barack Obama y Bill Clinton han intensificado el conflicto político y judicial, derivando en una demanda estatal para retirar a los agentes de Minnesota.
La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido el pasado sábado, se suma a la de Renee Good, fallecida el 7 de enero tras la intervención de agentes del ICE. Aunque el gobierno inicialmente afirmó que Pretti portaba un arma, un video verificado por medios estadounidenses muestra que el hombre estaba desarmado y fue tiroteado unas diez veces tras ser derribado.
Esta evidencia ha llevado a los padres de la víctima a acusar al Ejecutivo de propagar mentiras repugnantes, mientras que el vicefiscal general, Todd Blanche, ha tenido que admitir la necesidad de una investigación profunda ante la falta de certezas sobre el incidente.
El despliegue de aproximadamente 3.000 agentes federales en Mineápolis responde a denuncias de presunto fraude financiero por parte de inmigrantes, acusaciones que el gobernador Tim Walz califica como una operación sin entrenamiento adecuado que pone en riesgo a la población.
Walz ha exigido directamente a Trump el fin del operativo, argumentando que la presencia federal solo ha generado violencia. Por su parte, Trump utilizó su plataforma Truth Social para señalar a los líderes demócratas por no cooperar con sus políticas migratorias, calificando la situación en Minnesota como un encubrimiento criminal.
La escalada de violencia ha provocado una respuesta legal inmediata: las autoridades locales han solicitado una orden judicial para suspender las operaciones federales, con una audiencia prevista para este lunes. Paralelamente, un juez federal ya ha prohibido a la administración Trump la destrucción de pruebas relacionadas con el caso Pretti.
Figuras de relevancia internacional, como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, han calificado los hechos como un ataque a los valores democráticos y un llamado urgente a la rendición de cuentas del gobierno ante la injusticia.
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