Por María del Pilar Tello- Artículo de opinión
La imprevisibilidad de una política exterior así no es teoría abstracta, tiene consecuencias concretas. Trump ha justificado operaciones como la intervención militar en Venezuela — y su permanencia como protectora des conociendo las elecciones que ganó legítimamente Edmundo Gonzalez y ha proyectado ambiciones estratégicas tan diversas como la posible adquisición de Groenlandia en contra de la voluntad soberana de Dinamarca.
Este enfoque —en el que la razón de Estado se confunde con la lógica de un poder que se percibe a sí mismo sin límites abre interrogantes serios para la región.
Las recientes declaraciones de Donald Trump, en una extensa entrevista concedida al New York Times, han encendido señales de alerta más allá de su país. Al afirmar que, como presidente, el único límite real a su poder es su propia moralidad, y no las instituciones ni el derecho internacional, Trump no expresó una simple opinión personal: formuló una concepción del poder incompatible con los principios básicos del constitucionalismo democrático.
Como ha señalado el constitucionalista estadounidense Bruce Ackerman, uno de los mayores riesgos para la democracia es la “normalización del poder sin frenos”, cuando un líder electo actúa como si el mandato popular sustituyera a los límites jurídicos. En ese escenario, la ley deja de ser un marco obligatorio y pasa a ser un obstáculo circunstancial.
Desde el derecho internacional, la preocupación es aún mayor. La profesora Anne Peters, directora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado, ha advertido que cuando una potencia global relativiza el valor vinculante del derecho internacional, “el sistema entero de reglas comunes entra en fase de erosión acelerada”. Es un mensaje negativo al mundo cuando la primera potencia actúa como si la ley fuera opcional.
Trump ha sido explícito. Ha declarado que no se siente condicionado por el derecho internacional y que actuará conforme a lo que él considere conveniente para los intereses de su país. Esta lógica —la voluntad del gobernante como fuente última de legitimidad— recuerda más al monarca absoluto que a un presidente sometido a controles y equilibrios, checks and balances.
Trump cuenta hoy con el control de ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema en la que una parte significativa de sus miembros fue designada por él, tieneuna relación de afinidad política difícil de ignorar. Como advierte Steven Levitsky, los contrapesos formales existen pero dejan de funcionar en la práctica, la democracia puede vaciarse desde dentro sin necesidad de golpes de Estado.
Para América Latina, esta situación no es abstracta. La región tiene una historia marcada por intervenciones, presiones y decisiones unilaterales de Washington. El foco sobre Venezuela y el renovado interés estratégico de Estados Unidos en América Latina obligan a preguntarse cómo reaccionar a una presidencia que se percibe a sí misma sin límites frente a gobiernos que no le resulten funcionales o ideológicamente afines.
¿Qué ocurriría si en países como el Perú emergiera un gobierno que Trump considere hostil a sus intereses? ¿Qué margen de protección ofrece hoy el derecho internacional si quien debe respetarlo lo desestima públicamente? No son elucubraciones, son preguntas legítimas derivadas de las propias palabras del presidente estadounidense.
Jürgen Habermas ha recordado que la democracia no se define solo por elecciones, la autolimitación del poder debe responder a principios legales y políticos compartidos. Cuando esa autolimitación se sustituye por la moralidad subjetiva del gobernante, el derecho deja de ser garantía y es solo una formalidad sin relieve.
Más que imprevisibilidad, es coherencia autoritaria en un poder que no reconoce límites externos ni internos. América Latina necesita algo más que cautela diplomática, conciencia regional, fortalecimiento del multilateralismo y defensa activa del derecho internacional como barrera frente a la arbitrariedad. La región haría bien en prepararse, no desde el miedo, desde la lucidez.
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