El Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en marcha un operativo de control sobre 8,558 Declaraciones Juradas de Hojas de Vida correspondientes a los aspirantes a las Elecciones Generales 2026, con el fin de asegurar la transparencia y legalidad del proceso electoral.
A través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, un equipo de 129 especialistas supervisa la veracidad de los datos declarados en plataformas digitales y formatos físicos, elevando cualquier inconsistencia a los 29 Jurados Electorales Especiales para su evaluación legal.
Esta labor preventiva es fundamental para detectar omisiones o falsedades que podrían comprometer la idoneidad de quienes buscan representar a la ciudadanía en los próximos comicios.
Procedimientos de verificación y sanciones
La fiscalización se concentra en áreas sensibles como las sentencias penales y civiles, la titularidad de bienes y rentas, y la trayectoria académica y laboral de cada candidato. Como resultado de este análisis, se generan informes técnicos que clasifican las irregularidades en errores materiales, presunta falsedad u omisión de información.
La ocultación de sentencias penales firmes es considerada una falta grave que constituye una causal de exclusión automática del proceso electoral, garantizando así que no participen personas con antecedentes judiciales vigentes.
Para contrastar la información, el organismo electoral solicita datos a las 34 Cortes Superiores de Justicia, la Sunarp y diversas universidades, estableciendo plazos obligatorios de respuesta de cinco días para el sector público y quince para el privado.
Un pilar tecnológico clave en este proceso es el convenio suscrito con el Poder Judicial en enero de 2025, el cual permite el acceso en línea y en tiempo real al Registro Nacional de Condenas.
Mediante este sistema de cotejo masivo, el JNE puede validar instantáneamente si un postulante registra condenas consentidas o ejecutoriadas, fortaleciendo el rigor de la fiscalización electoral.
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