El Pleno del Congreso de la República aprobó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años contra la ex-fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La sanción fue impuesta bajo cargos de infracción constitucional y diversos delitos por haber aprobado un reglamento interno del Ministerio Público que contraviene directamente la Ley 32130.
Proceso de votación y denuncia
La medida legislativa fue finalmente aprobada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Esta votación definitoria se alcanzó luego de que se presentara y debatiera una reconsideración de voto.
Horas antes, la representación nacional había aprobado la denuncia constitucional contra Espinoza, pero en una primera instancia no se lograron los votos necesarios para su inhabilitación. La inhabilitación quedó firme al no prosperar una reconsideración presentada contra la votación final.
La denuncia constitucional contra la ex-fiscal de la Nación se originó a raíz de la aprobación de un reglamento en el Ministerio Público. Este estatuto fue considerado contravencional a la Ley 32130, normativa que fortalece la función de investigación de la Policía Nacional del Perú y cuya constitucionalidad fue ratificada previamente por el Tribunal Constitucional.
La denuncia fue interpuesta por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, y en su presentación inicial también incluía a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.
Además de la inhabilitación, el Pleno tampoco logró aprobar una reconsideración a la votación que dio lugar a la denuncia penal contra Delia Espinoza, por presunta infracción a la Constitución y diversos presuntos delitos, manteniendo dicha denuncia en pie.
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