Este declive sin precedentes se registró precisamente durante el inicio del estado de emergencia sanitaria, reflejando el impacto de las restricciones en la dinámica de compra y el movimiento de usuarios.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que las activaciones de nuevas líneas móviles experimentaron una fuerte reducción del 27% durante el primer mes de la declaratoria de estado de emergencia.
Esta caída, que no considera la portabilidad, se atribuye principalmente al incremento de los controles, operativos de fiscalización y otras medidas regulatorias destinadas a combatir la activación irregular y la venta ambulatoria de chips.
La disminución, comparada con el promedio del mes previo a la emergencia, se constituye como uno de los primeros indicadores del impacto de las medidas extraordinarias implementadas en el sector al corte del 19 de noviembre.
El análisis detallado por empresa operadora muestra que la contracción fue generalizada. Integratel, Claro y Entel registraron reducciones promedio cercanas al 30% en la activación de líneas móviles. Bitel, en cambio, anotó una caída menor, de alrededor del 9%, lo que Osiptel vincula a la mayor presencia de esta operadora en zonas rurales, donde la presión sobre la venta informal de chips es más limitada.
Jesús Guillén, presidente ejecutivo (e) del Osiptel, señaló que la conjugación de medidas de seguridad ciudadana generó este impacto estadístico. “El riesgo de que los vendedores sean arrestados, junto a otras medidas del Ejecutivo, redujo las altas de los servicios,” refirió Guillén. De hecho, las nuevas contrataciones de líneas móviles ya habían caído un 6% hasta el 21 de octubre, tras la implementación de las primeras acciones disuasivas.
Medidas regulatorias y fiscalización
El Gobierno reforzó los operativos de control e intensificó la incautación de equipos móviles en centros comerciales, mercados y zonas de alto tránsito. En este contexto, el Osiptel desempeñó un rol clave al proveer información especializada, capacitar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público en el uso de datos, y fortalecer sus propias acciones de supervisión del mercado.
El organismo regulador recordó que el 30 de setiembre el Congreso promulgó la Ley N.º 32451, una normativa que impone penas privativas de libertad a quienes comercialicen o contraten servicios móviles de forma ambulatoria. La aplicación de esta ley, junto con la declaratoria del estado de emergencia del 21 de octubre y el despliegue multisectorial, ha generado la contracción observada en las nuevas activaciones.
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