La Comisión Permanente del Congreso de la República evaluará hoy el informe final que propone acusar e inhabilitar por diez años para ejercer la función pública al expresidente Pedro Castillo, así como a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta.
Las acusaciones se sustentan en presuntas infracciones constitucionales vinculadas directamente al intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La sanción máxima busca castigar las diversas vulneraciones a la Constitución Política del Perú.
Agenda y Proceso Parlamentario
La sesión está programada para las 09:00 horas y tiene como objetivo abordar las denuncias constitucionales 547 y 575, presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País). Ambos expedientes ya habían sido aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 7 de noviembre.
El documento legal propone la imposición de la inhabilitación máxima de diez años, además de la acusación formal por las infracciones a la Carta Magna. De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, se garantiza que los denunciados puedan ser asistidos o representados por un abogado durante todas las etapas del procedimiento, asegurando así su derecho de defensa.
Artículos constitucionales presuntamente infringidos
El informe final detalla una amplia lista de artículos constitucionales que habrían sido vulnerados por los implicados. Al ex-presidente Pedro Castillo Terrones, actualmente detenido, se le acusa de infringir los artículos 2, 38, 39, 45, 51, 90, 93, 102, 104, 118 (inciso 1), 134, 137 (inciso 1), 138, 146, 150, 158, 201 y 206, entre otros.
En el caso de la ex-primera ministra Betssy Chávez, las infracciones atribuidas incluyen los artículos 2, 46, 51, 90, 93, 102, 104, 126, 128, 134, 137 (inciso 1), 138, 146, 150, 158, 201 y 206.
Finalmente, el ex-ministro del Interior Willy Huerta es señalado por la infracción de artículos como el 2, 38, 39, 45, 46, 51, 90, 93, 102, 104, 126, 128, 134, 137 (inciso 1), 138, 146, 150, 158, 159, 201 y 206.
Si la Comisión Permanente aprueba la acusación, el Consejo Directivo del Congreso será el encargado de definir la fecha, hora y las reglas del debate que se realizará en el Pleno, dándole prioridad en la agenda legislativa.
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