La represión policial-militar en Carandiru, desencadenada por una riña en 1992, fue encubierta como «enfrentamiento» y su justicia, marcada por la lentitud y los indultos presidenciales.
La tarde del 2 de octubre de 1992, la cárcel de Carandiru, la más grande y superpoblada de América Latina, se convirtió en el escenario de la peor masacre en la historia carcelaria de Brasil. El saldo oficial fue de 111 presos muertos y 110 heridos, víctimas de una brutal represión policial y militar desencadenada por una riña. De los fallecidos, 89 estaban en prisión preventiva y el promedio de edad de las víctimas era de solo 22 años, aunque los testimonios de sobrevivientes sugieren que el número de muertos fue mucho mayor.
El penal, ubicado en el centro de São Paulo, excedía su capacidad máxima de 3.250 presos, albergando a casi siete mil, con más de dos mil hacinados en el Pabellón Noveno. La tragedia comenzó tras un partido de fútbol que derivó en una pelea entre presos en dicho pabellón. Aunque las autoridades lo catalogaron como un motín, los sobrevivientes aseguraron que fue una disputa escalada sin intención de tomar la cárcel.
La orden de exterminio y la brutal represión
En lugar de controlar la situación con personal penitenciario, el director de la cárcel, José Ismael Pedrosa, dio la orden de intervención a la Policía Militar (PM). La misión recayó en el coronel Ubiratan Guimarães, quien comandó a 341 policías militares y soldados, armados con munición letal y acompañados por perros entrenados.
Guimarães impuso un cerco para evitar la presencia de periodistas o funcionarios judiciales, garantizando que nadie fuera testigo. A las 15:30, la fuerza irrumpió y, en apenas 20 minutos, desató una carnicería. Según el doctor Drauzio Varella, uno de los médicos de Carandiru y testigo directo de los hechos, no hubo enfrentamiento, sino ejecuciones. El balance oficial confirmó la versión de los testigos: 111 presos muertos y ningún policía con un solo rasguño, desmintiendo la versión oficial de una «batalla».
Varella y los sobrevivientes relataron que los presos se rindieron de inmediato, refugiándose en sus celdas, pero fueron ejecutados allí a sangre fría. El perito criminal Osvaldo Negrini, que entró al penal después de la masacre, declaró haber visto una «cascada de sangre» y reconstruyó que 85 de las 111 víctimas fueron ejecutadas en sus celdas. Se encontraron más de quinientos impactos de bala en los muros, evidencia de la violencia desmedida. Tras la matanza, la policía intentó encubrir los crímenes plantando armas en las celdas y recogiendo los más de quinientos casquillos disparados para entorpecer la labor forense.
Justicia lenta y venganza criminal consecuente
El proceso judicial por la masacre se prolongó durante décadas, consolidando la impunidad.
- Condenas y Apelaciones: En 2013, la Justicia condenó a 74 policías participantes en la represión con penas que oscilaron entre los 48 y 624 años de cárcel. Sin embargo, ninguno cumplió las condenas gracias a las constantes apelaciones.
- Jefes Asesinados: El coronel Guimarães, condenado a 632 años en 2001, no cumplió la pena y fue elegido diputado estatal, logrando anular su sentencia por un «error» de procedimiento. Guimarães fue asesinado de un tiro en la cabeza en 2006, con una pintada de advertencia en el muro: “Aquí se hace, aquí se paga”. El director de la cárcel, José Ismael Pedrosa, también fue asesinado por un comando del grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), una organización que nació en las cárceles tras la matanza como una forma de venganza.
- Indulto Presidencial: La impunidad se intentó sellar el 23 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro indultó a los 74 policías condenados. Un mes después, el Tribunal Supremo de Brasil anuló los indultos, pero los condenados siguen en libertad.
La masacre de Carandiru, cuya prisión fue demolida en 2002, puso en evidencia la crisis del sistema carcelario. Actualmente, Brasil ostenta la tercera población carcelaria del mundo y la primera de América Latina. Los presidios están un 55% por encima de su capacidad, con cerca de 750.000 reclusos, de los cuales un tercio se encuentra en prisión preventiva.
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