La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), una de las plataformas de integración política más activas de la región, expresó su firme condena a la detención de la abogada salvadoreña Ruth Eleonora López, destacada defensora de derechos humanos y directiva de la organización Cristosal, señalando que se trata de un “acto de injusticia y arbitrariedad”.
En un comunicado oficial emitido el sábado 7 de junio, y dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la COPPPAL —que agrupa a 74 partidos políticos de 30 países y es presidida por el senador mexicano Alejandro Moreno Cárdenas— exigió la inmediata liberación de López, actualmente sometida a prisión provisional en San Salvador, bajo cargos de enriquecimiento ilícito.
“La detención de Ruth López ha generado una gran preocupación no solo entre los partidos que integramos esta Conferencia sino en la comunidad nacional e internacional”, indica la misiva. “Tenemos la convicción de que la libertad y la justicia son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de cualquier sociedad”.
Detención bajo reserva y sin juicio público
Ruth López fue arrestada el pasado 18 de mayo, cerca de la medianoche, en su domicilio, presuntamente mediante engaños por parte de agentes de seguridad. Su detención se dio en el contexto de lo que diversas organizaciones consideran una nueva embestida del Gobierno de Bukele contra voces críticas, periodistas y organismos de derechos humanos.
La Fiscalía General, controlada por el oficialismo, la acusó inicialmente de peculado, aunque luego cambió la imputación a enriquecimiento ilícito. Además, solicitó que el caso fuera manejado bajo reserva total, decisión que fue avalada por el Juzgado de Paz N.º 12 de San Salvador. La audiencia se celebró a puerta cerrada y concluyó con una orden de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.
A su salida del tribunal, López logró gritar unas palabras antes de ser escoltada por la policía: “Soy una presa política. Todas mis imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno”. Su defensa ha calificado el proceso como una “aberración jurídica”.
Aplicación del régimen de excepción
El caso de Ruth López también ha sido criticado por el uso del régimen de excepción, un marco legal implementado desde 2022 para combatir el crimen organizado, pero que ha sido ampliado a casos que no guardan relación con pandillas. Esta legislación permite extender los plazos de detención sin control judicial, lo que significa que López podría permanecer encarcelada por años sin juicio.
Diversas organizaciones, entre ellas Cristosal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han señalado que no existen razones legales para mantenerla privada de libertad, ya que no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia.
Un patrón de persecución política
El proceso contra López se enmarca dentro de una serie de acciones legales contra exfuncionarios y figuras críticas del Gobierno. La Fiscalía ha relacionado su caso con el del exsecretario de Comunicaciones Eugenio Chicas, enemigo político declarado de Bukele, quien también fue detenido este año por el mismo delito.
Desde 2022, diversas fuentes periodísticas —como El Faro y El País— han documentado un patrón de criminalización de opositores, identificando al menos 28 personas detenidas por razones políticas y más de 90 bajo persecución activa.
Impacto internacional y posición de la COPPPAL
La intervención de la COPPPAL no pasa desapercibida. Como una de las instituciones políticas regionales más influyentes, y con representación de partidos tanto de gobierno como de oposición en América Latina, su pronunciamiento marca un hito en la presión internacional hacia El Salvador.
“Es obligación de los gobiernos respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos”, señaló la organización en su carta. También exigió que se garantice “la seguridad y la integridad de Ruth López, tanto en el presente como una vez que sea liberada”.
Al denunciar públicamente el caso ante la comunidad latinoamericana, la COPPPAL refuerza la preocupación global sobre el uso del sistema judicial con fines políticos, y advierte sobre las consecuencias que esto puede tener para la estabilidad democrática en El Salvador y en la región.
Una prueba para la democracia regional
En su discurso del 1 de junio ante la Asamblea Legislativa, el presidente Bukele desestimó las críticas internacionales, afirmando: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”. Sin embargo, el caso de Ruth López ha reactivado las alarmas sobre la creciente concentración de poder y la reducción del espacio cívico en el país centroamericano.
En este contexto, la voz de la COPPPAL emerge como una de las más contundentes en defensa de los derechos humanos en América Latina. El seguimiento de este caso será clave para observar hasta qué punto las instituciones regionales pueden influir en los gobiernos que adoptan prácticas autoritarias.
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