El congresista Wilson Soto, de la bancada Acción Popular, propuso elevar a 10% del último padrón de electores las firmas de adherentes necesarias para inscribir un partido político ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La iniciativa plantea modificar el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas para precisar que las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción.
La norma actual fija en 3% de los ciudadanos que participaron en las últimas elecciones de carácter nacional el número de adherentes necesarios para la inscripción de una organización política.
“Ese umbral, lejos de restringir la participación, ha facilitado la creación de partidos políticos, lo que ha derivado en un notable incremento para las elecciones generales y municipales de 2026 y representará todo un desafío debido a la gran cantidad de partidos políticos inscritos”, asegura.
Precisa además que, si bien ese crecimiento refleja una mayor apertura democrática, plantea también retos significativos para los comicios programados para ese año y podría generar una oferta electoral excesivamente fragmentada.
Una consecuencia de esa situación, según el parlamentario Wilson Soto, implicaría la participación de un número desproporcionado de candidatos para las elecciones generales 2026 y las elecciones regionales y municipales, y que permitiría que las autoridades electas obtengan porcentajes de respaldo bajos.
“Los electores se enfrentarán a una abrumadora cantidad de candidatos, muchos de ellos desconocidos, lo que podría derivar en la elección de autoridades con porcentajes de apoyo mínimos y, por ende, con escasa legitimidad popular. Esta dispersión del voto, lejos de fortalecer la democracia, podría agravar la crisis de representatividad y gobernabilidad», afirma.
En ese sentido, señala que al exigir a los partidos un mayor número de adherentes, las autoridades electas contarían con un respaldo más sólido, lo que facilitaría la construcción de consensos y agilizaría la toma de decisiones en favor de la ciudadanía, promoviendo una gobernabilidad más efectiva.
Fuente: Agencia Andina
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