El congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que crea la Comisión de Fiscalización de la función de jueces y fiscales, el cual otorgaría facultades fiscalizadoras al parlamento.
Según refiere la propuesta, esta se da con la finalidad de fortalecer la labor de fiscalización del Legislativo, a la función de los jueces y fiscales a nivel nacional conforme a los alcances facultados por la Constitución.
El proyecto de ley 08678/2024-CR, precisamente, propone agregar el numeral 25 en el Literal a) del Art. 35 del Reglamento del Congreso.
El artículo a incorporar estaría en el marco de que “existen cuatro clases de comisiones encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. El Presidente del Congreso, en coordinación con los Grupos Parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo del Congreso, propone el número de Comisiones Ordinarias teniendo en cuenta la estructura del Estado».
En ese sentido, la propuesta refiere que se estaría adicionando a dicho artículo la conformación de las comisiones ordinarias, entre ellas la “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales».
Entre la exposición de motivos, Cerrón argumenta que el 13 de marzo del 2024, el medio de comunicación «infobae», dio a conocer una encuesta realizada por la empresa encuestadora Datum, en la cual resaltó que el 85 % de los peruanos no confían en el Poder Judicial.
El sistema de justicia en el Perú, según indica la iniciativa legislativa, presenta una crisis de confianza. Además de los procesos penales seguidos contra jueces y fiscales a nivel nacional por presuntos delitos de corrupción.
De acuerdo con la presente propuesta, de aprobarse, se fortalecerá al Estado, ya que, la incorporación de la comisión de fiscalización de la función de jueces y fiscales, mejora la integridad y la confianza en el sistema de justicia del país.
Además, señala que es crucial para que a través de la supervisión se pueda detectar y prevenir oportunamente los actos de corrupción, como sobornos o tráfico de influencias. Esto lograría que los jueces y fiscales rindan cuentas por sus acciones y decisiones y por ende, proteger los derechos de los ciudadanos.
Fuente: Agencia Andina
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