Titular del Interior remarcó que bajo ningún motivo se puede desamparar a quienes administran la justicia en caso de alta complejidad.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dispuso la inmediata restitución de la seguridad a los magistrados que actualmente lo requieren y que llevan casos complejos relacionados con la criminalidad organizada.
“Somos actores de la lucha contra la criminalidad organizada y bajo ningún contexto podemos desamparar a quienes están en una labor tan importante como es la administración de justicia”, manifestó, tras la reunión sostenida esta mañana con el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay.
Santiváñez llegó muy temprano a la sede judicial para expresarle al magistrado la preocupación del sector Interior por la seguridad de los jueces, destacando la importancia de su labor en la lucha contra el crimen.
«El motivo de la visita a la Corte era por la preocupación del cual tomamos conocimiento por el tema de restitución de la seguridad que algunos magistrados deben contar por la importante labor que desarrollan en la lucha contra la delincuencia organizada», afirmó.
Subrayó que se establecerá un grupo de trabajo dedicado a asegurar la protección progresiva de todos los magistrados involucrados en casos de crimen organizado.
Santiváñez enfatizó, además, la importancia de no desamparar a quienes están en la primera línea de la administración de justicia y añadió que es un compromiso fundamental del Gobierno proteger a estos funcionarios, dada la crucial labor que desempeñan.
A su turno, el presidente de la Corte Superior Nacional, César Sahuanay, expresó su gratitud por la rápida respuesta del Ministerio del Interior y la PNP.
«La seguridad de nuestros magistrados es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia y para asegurar que puedan desempeñar su trabajo sin amenazas ni intimidaciones», comentó
Esta reunión se enmarca dentro de la política de afianzamiento de las relaciones de cooperación y trabajo conjunto entre las dos entidades que luchan contra la criminalidad organizada, asegurando así que la justicia prevalezca en el país.
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