La sesión de la comisión de Descentralización, presidido por el congresista Alejandro Cavero, recibe en calidad de invitado al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola para tratar el siguiente tema en agenda: ustentación de los proyectos de ley 5635/2023-PE Ley de Fortalecimiento de la Función de Integridad en el Sector Público y 5723/2023-PE Ley de Ordenamiento Territorial y Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. (Congreso de la República/VVásquez)
Congresistas de diversas bancadas recomendaron al Ejecutivo mejorar la propuesta de ley que tiene como objeto fortalecer la función de integridad en el sector público, a través de la implementación del Modelo de Integridad en todas las entidades del aparato estatal para prevenir los actos de corrupción.
Durante la sesión, presidida por el presidente de la Comisión de Descentralización, Alejandro Cavero Alva (A. País), se escuchó la sustentación de la propuesta de ley del Ejecutivo, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, y ante ello coincidieron en señalar la necesidad de estudiar y mejorar dicha propuesta.
El titular de la comisión dijo que existe mucha suspicacia sobre la aplicación de los modelos y estándares de idoneidad, para evitar distorsiones que perjudiquen el sentido de la norma.
José Cueto Aservi (RP), mostró su preocupación por el entendimiento de este proceso de integridad en la sociedad y los propios operadores y servidores del sector estatal.
La legisladora Patricia Juárez Gallegos (FP), consideró la necesidad de fortalecer este tema en todo el aparato del Estado, pero advirtió el peligro de crear más burocracia y neutralizar los objetivos que se quiere conseguir.
Guido Bellido Ugarte (PB), coincidió con su antecesora y solicitó se precise que se puede conseguir con dicha propuesta toda vez que la corrupción sigue vigente en todo el aparato del Estado, sobrepasando inclusive sobre los controles concurrentes.
Margot Palacios Huamán (PL), señaló que se debe reforzar la plataforma de debida diligencia del sector público para combatir la corrupción. Alfredo Pariona Sinchi (NA), también dejó entrever sus dudas sobre el proyecto y dijo que se debería tener legitimidad para implementar propuestas como las que se ha presentado.
Su colega Norma Yarrow Lumbreras (A. País), preguntó si se tiene la capacidad de fiscalizar y sancionar dichos actos cuando los actuales operadores de control no se abastecen y falta capacitación para este caso, refirió que deberían existir organismos reestructurados en el Estado.
Los parlamentarios Carlos Zeballos Madariaga (Podemos), Alex Paredes Gonzáles (BM), coincidieron en señalar la importancia de la propuesta pero se requiere evaluar mejor. José Arriola Tueros (NA), discrepó con la propuesta de ley señalando que el Gobierno, no ejecuta sus propios presupuestos y que se debería repensar el tema.
En tanto, los legisladores Edith Julón Irigoín (APP), preguntó sobre los beneficios de la ley y su colega Margot Palacios (PL), dio a conocer sobre las competencias para este caso. La congresista Yarrow Lumbreras (A. País), refirió la necesidad de crear las mesas de trabajo para evaluar dicha propuesta
Ley de integridad
El titular de la PCM, también sustentó el proyecto de ley 5635/2023-PE “Ley de Fortalecimiento de la Función de Integridad en el Sector Público”, así como también el PL N° 5723/2023-PE “Ley de Ordenamiento Territorial y Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.
Durante su presentación, el titular de la PCM, refirió que la propuesta de ley (PL.5635) tiene como objeto fortalecer la función de integridad en el sector público, a través de la implementación del Modelo de Integridad en todas las entidades del aparato estatal para prevenir los actos de corrupción
Otárola también sustentó el PL N° 5723/2023-PE “Ley de Ordenamiento Territorial y Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial”, señalando que dicha iniciativa tiene como objeto crear el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y regular el ordenamiento territorial y su implementación, a cargo de las entidades de los diferentes niveles de gobierno, en armonía de los principios y enfoques contenidos en la presente Ley.
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