La Comisión Permanente del Congreso reprogramó el debate del informe final en relación a la denuncia constitucional 307 presentada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El presidente del Parlamento, José Williams Zapata, accedió a la solicitud del abogado defensor, Eduardo Pachas, quien alegó que su patrocinado no había tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni en la Comisión Permanente. Asimismo, Pachas argumentó que no contaban con los anexos del caso.
En este sentido, el titular del Congreso indicó como nueva fecha de debate el día viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana, la cual se realizará “con o sin” la presencia del ex mandatario, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, tras su fallido intento golpista.
Al respecto, la congresista Lady Camones (APP), en su calidad de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, afirmó que el procedimiento de investigación realizado en el grupo de trabajo no ha violado ningún derecho a la legítima defensa.
“Con fecha 06 de diciembre de 2022 se les hizo llegar la notificación a los tres investigados; sin embargo, ninguno presentó sus descargos. Es por ello que se aplicó el artículo 89 del Reglamento del Congreso para proseguir con la elaboración del informe final. Son argucias de la defensa para dilatar el proceso”, manifestó Camones.
Los congresistas Diego Bazán (AP) y Susel Paredes (No Agrupados) también advirtieron que la intención de la defensa de Castillo es entorpecer y demorar el debate con las constantes reprogramaciones.
Cabe señalar que la denuncia constitucional 307 presentada por la Fiscalía de la Nación alcanza también a Juan Silva Villegas, en su condición de ex ministro de Transportes y Comunicaciones y a Geiner Alvarado López, en su condición de ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Denuncias procedentes e improcedentes
De otro lado, la Comisión Permanente aprobó con 27 votos a favor otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente un informe final de la denuncia constitucional 271 formulada por el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra el ex congresista Orestes Sánchez por delito contra la administración pública – concusión.
Asimismo, con 27 votos a favor se aprobó darle un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente un informe final de la denuncia constitucional 319 de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el ex consejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, por el delito de cohecho pasivo específico.
Por otro lado, las denuncias constitucionales 111, 112, 34, 35,36, 44, 317, 15, 309, 310, 311, 208, 211, 227, 292 y 297 de acuerdo al inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso pasaron al archivo.
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