- Esta norma afecta a los más pobres ya que no sólo encarece el servicio de conexión a internet sino que además frena nuevas inversiones para ampliar el servicio a nuevas localidades, en especial las zonas más alejadas del país.
- En países como Ecuador, México o Uruguay no existe una ley de velocidad mínima garantizada sino que se exige a las operadoras transparentar los índices de velocidad reales.
Diversos expertos internacionales de tecnología, telecomunicaciones y derechos del consumidor alertaron que la ley de la velocidad mínima garantizada, que establece aumentar el estándar mínimo de velocidad de conexión a Internet de 40% a 70%, afectará a los más pobres y profundizará la brecha digital en el Perú.
Los especialistas concuerdan que, si bien la Ley 31207 busca mejorar la experiencia del usuario de internet, lo aprobado por el Poder Legislativo tendrá efectos adversos en la práctica ya que contrariamente a lo esperado perjudica severamente al usuario final y a la comunidad.
Ello se sustenta en que actualmente la tecnología Hybrid Fiber-Coaxial o HFC es la más usada por los peruanos para conectarse al internet sobre todo en zonas urbanas de alto tráfico y es la que más se viene expandiendo en las zonas rurales del país con la finalidad de ir reduciendo la brecha digital. Y es que esta tecnología se caracteriza por soportar el nivel de complejidad de la geografía en el país.
Sin embargo, esta tecnología técnicamente no permite un incremento de velocidades por lo que la norma sería inviable, razón por la cual esta regulación debería ser modificada de inmediato.
Al respecto, Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, indicó que para que la normativa pueda ser cumplida se debería lograr simetría en las velocidades de carga y descarga, algo que solo puede alcanzarse con ciertas tecnologías y no con todos los servicios de banda ancha como HFC, por ejemplo.
“La fibra óptica es la tecnología más prometedora para esto; sin embargo, el porcentaje de peruanos que cuentan con este servicio es inferior a 10%. De hecho, el Perú es el mercado con menos penetración de fibra óptica en Sudamérica y, por la forma en la que las redes están diseñadas, es imposible que esta tecnología pueda ser usada para cumplir con la norma en el corto plazo”, sostuvo Huamán.
Otro de los factores que mencionaron durante el evento es que, en la práctica, la norma encarece el servicio de conexión a internet y no genera cambios reales y/o estructurales en la
experiencia del usuario final. Por lo contrario, solo logra frenar las diferentes iniciativas que se estaban diseñando para instalar el servicio de internet móvil en otras localidades del país que, a la fecha, ni siquiera cuentan con un servicio de telefonía móvil básico.
“La planificación de las normativas estatales deben tener en cuenta múltiples factores para favorecer e integrar a la población en general. Es necesario desarrollar líneas estratégicas para la expansión del servicio de telecomunicaciones, no solo a favor de los que ya cuentan con conectividad sino también de aquellos que no cuentan con un celular, teléfono fijo o incluso energía eléctrica. Leyes como esta solo generan una brecha aún más profunda”, resaltó Gloria Montoya, jefa de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Manuel Cipriano, exmiembro del Consejo Directivo de OSIPTEL, afirmó que “es como comprar un automóvil que puede correr hasta 300 kilómetros por hora y que establezcamos por ley que este debe de recorrer en todas las carreteras y vías del Perú a no menos de 210 kilómetros por hora (70%), indistintamente si se trata de una carretera, una trocha carrozable, un camino de herradura o si nos encontramos en una vía en hora punta. Cómo queda claro con este ejemplo se trata de una iniciativa completamente inviable”.
En ese sentido, Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Estrategia de GSMA, manifestó que esta norma disminuirá la inversión en un mayor despliegue de fibra óptica y nuevas tecnologías para mejorar el servicio en áreas rurales, ya que esa inversión será destinada a incrementar la capacidad en las zonas urbanas que ya tienen servicio para intentar alcanzar la velocidad exigida por ley, sin asegurar que ello sea posible. Indicó que ello es sumamente grave si es que se tiene en consideración que -según cifras de OSIPTEL- en 7 departamentos del país solo 10% o menos de los hogares cuenta con acceso a internet fijo. Por ello, esta norma atenta contra los objetivos propuestos del sector para aumentar la cobertura, el acceso y la calidad que reciben los peruanos.
“Es importante resaltar que, en países como Ecuador, México o Uruguay, las obligaciones con respecto a la conectividad móvil son de carácter informativo. Además, no existe una normativa en el mundo que establezca una “Velocidad Mínima Garantizada” para el servicio de internet, ya que los usuarios compiten todo el tiempo por el uso de un recurso finito (la red móvil) y es imposible que las operadoras puedan predecir el uso que le dan los usuarios a la tecnología para garantizar un mínimo de velocidad”, dijo Adamowicz.
Estas declaraciones se brindaron durante el evento internacional “Acortando la brecha digital en el Perú: retos y desafíos”, en el que se abordó la situación de la brecha de internet en el país y América Latina, realizado por la GSMA, asociación global que representa a los operadores móviles y a las organizaciones del ecosistema móvil e industrias adyacentes, junto a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
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