Por supuesta inacción frente a hechos irregulares que habría cometido el mandatario.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó el plazo de 5 días hábiles a fin de que el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), en su condición de coordinador, presente el informe final de la Denuncia Constitucional nro. 209 y su ampliatoria, contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, por infracción constitucional y al Código Penal.
Así lo señaló la congresista Rosio Torres (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de realizarse este lunes 8 la audiencia de ese caso, cumpliéndoselos así los plazos previstos en concordancia con el debido proceso.
En la jornada, el congresista Donayre fue el encargado de exponer los alcances de la denuncia presentada por las congresistas Patricia Chirinos (DC nro. 209) y Gladys Echaiz (DC nro. 231).
El parlamentario precisó que se advierten diversos hechos irregulares con características delictivas que se habrían cometido desde la Presidencia de la República, ya sea a través de los mandos medios y del mandatrio, frente a los cuales la denunciante evidencia la inacción por parte de la fiscal Zoraida Avalos para la corroboración de una serie de hechos
Entre ellos, dijo Donayre, se denuncia el presunto pago de sumas de dinero por parte de la señora Karelim López al presidente de la República por intermedio del exsecretario general del despacho presidencial, señor Bruno Pacheco, con la finalidad de “tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos”.
Otro hecho, añadió, es la denuncia periodística que acreditaría que, en la sede del despacho presidencial paralelo, ubicada en el distrito de Breña, recibió la visita de la señora Karelim López. asesora de una empresa que logró la adjudicación de un contrato por más de 230 millones de soles en Provias Descentralizado.
Así también se señala que el presidente venía despachando a escondidas a altas horas de la noche en el llamado “despacho presidencial paralelo” a través de reuniones clandestinas para esconderse de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
“En la denuncia se concluye que, pese a estos hechos, la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, no abrió investigación preliminar contra el presidente de la Republica, observándose su inoperancia, pasividad, silencio y omisión de funciones”, puntualizó.
Dijo que se le imputan la comisión de los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales debido a que, si bien el presidente no puede ser procesado ni acusado durante su mandato, la ley si permite que el jefe de Estado pueda ser objeto de una investigación preliminar.
“Se advierte que frente a los hechos expuestos se habría configurado un retardo y omisión por parte de la fiscal de la Nación para poder iniciar una investigación preliminar contra el actual presidente de la República”, comentó.
En la ampliación de la denuncia se le acusa de presunta comisión de delitos de falsedad genérica, cohecho pasivo especifico, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y organización criminal.
DESCARGOS
La defensa de Avalos Rivera estuvo a cargo de su abogada, Mariela Valcárcel, quien sostuvo que en la denuncia se ha arribado a elementos de valoración por parte del congresista delegado.
“Hemos transcrito más de una afirmación en la cual el congresista Bustamante, en su condición de delegado, ya hace afirmaciones categóricas con respecto a la presunta responsabilidad de la fiscal Avalos”. Indicó.
Además, dijo que ya se estaría anunciando que se le va acusar y proponer la modificación de uno de los supuestos de falsedad genérica a falsedad ideológica
“No solo redirige los cargos, anuncia que se va acusar, sin siquiera permitirnos a nosotros presentar nuestros alegatos de defensa”, remarcó la letrada.
También sostuvo que el Tribunal Constitucional ha mencionado que lo que se conoce como el debido proceso también es oponible y garantizado en procedimiento parlamentario y añadió que la Corte Interamericana, por su parte, ha señalado que no existe ninguna autoridad del Estado que esté excluida de respetar este tipo de principios incluyendo el Poder Legislativo.
En respuesta a ello, Bustamante dijo que como delegado de la denuncia su función es la descripción de las pruebas y ello no es adelanto de opinión.
INFORME FINAL DE CASO CARRASCO MILLONES
También se llevó a cabo la audiencia de la denuncia contra el exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por presunta infracción constitucional de los artículos 43, 45, 126 (segundo párrafo) 146, 153 y 158 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica, tipificados en los artículos 382 y 438 del Código Penal, respectivamente.
Se trata de la DC 001 que fue formulada por el ciudadano Rubén Eduardo Fernández Morales y hecha suya por los congresistas Gladys Echaíz, Jorge Montoya y José Cueto (RP).
Fue el congresista Alejandro Muñante (RP), en su condición de delegado, el encargado de sustentar los alcances de la denuncia. Dijo que se le acusa de los presuntos delitos de aceptación ilegal del cargo público y falsedad genérica.
Sostuvo que la investigación busca establecer si, a pesar de estar impedido el ex ministro del interior, ejerció simultáneamente el cargo de ministro de Estado y de fiscal provincial. “Este hecho vulnera normas de orden constitucional y de contenido penal”, dijo.
Jorge Zúñiga Escalante, abogado del exministro, explicó que cuando se formula la licencia, Carrasco Millones no tenía todavía conocimiento que iba asumir como ministro de Estado, pero sí que iba asumir la función pública.
“Cuando el señor Carrasco toma conocimiento que asumirá como ministro de Estado es cuando él formula ya la renuncia respectiva y lo hizo el primer día hábil que fue el 2 de agosto”, fue la respuesta del letrado a la interrogante del congresista Muñante sobre por qué presento la renuncia el 2 de agosto 2021 con una carta fechada del 28 julio 2021.
Muñante preguntó por qué espero hasta el 2 de agosto para presentarla si la resolución que concede la licencia sin goce de haber fue emitida el 27 de julio. “¿Por qué espero que la Oficina de Control Interno abriera investigación?”, anotó.
Zúñiga respondió que la licencia se emite el 27 de julio, la resolución sale el 29 de julio y por eso la renuncia la presenta el 2 de agosto.
Terminada la audiencia. la congresista Torres Salinas notificó al congresista Muñante que cuenta con un plazo de 5 días hábiles para presentar su informe final, tal como lo establece el Reglamento del Congreso.
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