Contralor Shack: “Hemos pedido que se asegure el financiamiento a la CGR de este nuevo modelo de control a proyectos para una ejecución sin corrupción”.
La Contraloría General solicitó al Poder Ejecutivo garantizar el financiamiento que requiere el Sistema Nacional de Control (SNC) para cumplir con el encargo de aplicar el control preventivo y concurrente a las contrataciones que realicen las entidades públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 021-2020, publicado el viernes 24 de enero último.
El decreto, recientemente emitido, tiene por objeto dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios en beneficio de la población, a través de un modelo que facilite la ejecución de inversiones públicas, mediante proyectos especiales de inversión, usando entre otros la metodología BIM (Building Information Modeling) que actualmente utilizan los órganos multilaterales y las más importantes transnacionales que ejecutan megaproyectos de infraestructura.
El BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio virtual; de tal manera que se eviten sobrecostos, dilaciones de tiempo, errores y problemas en general al momento de ejecutar un proyecto de inversión sobre una obra pública.
“El decreto aprobado por el Ejecutivo regula esta nueva modalidad de ejecutar obras BIM, modalidad que debería evitar situaciones como adicionales de obras, retrasos, irregularidades, además de ayudar al monitoreo en tiempo real de los proyectos, lo que tendremos que hacer también a través del Control Concurrente; sin embargo, si bien el numeral 2.3 de dicha norma compromete la participación y acompañamiento del Sistema Nacional de Control, no dispone la necesaria transferencia del 2% para financiar nuestras intervenciones”, señaló Shack.
Como es de conocimiento, el control concurrente tiene por finalidad acompañar y alertar oportunamente sobre hechos que podrían poner en riesgo la ejecución y cumplimiento de obras y servicios, y garantizar que los proyectos de inversión pública se ejecuten en los tiempos estimados, bajo los términos contratados, contribuyendo a que se cumpla la finalidad pública.
Este tipo de control se lleva a cabo con la participación de un equipo multidisciplinario comprometido para el proyecto, en distintos hitos de control, desde la convocatoria hasta su culminación y liquidación.
En ese sentido, tratándose de acciones no programadas, pero a la vez prioritarias, la Contraloría ha formalizado la solicitud de garantizar los recursos necesarios a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para cumplir con el reciente encargo dado.
Cabe señalar que en otros encargos legales similares y dispuestos mediante decretos de urgencia sí se contempló el financiamiento para acciones de control hasta por el 2% de las intervenciones a fiscalizar, como en el caso del Decreto de Urgencia N° 008-2019 (Medidas extraordinarias para la reactivación de obras paralizadas) y el Decreto de Urgencia N° 018-2019 (Medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Proyecto Nacional de Infraestructura para la Competitividad-PNIC).
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