El día jueves (6/6/19) la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) publicó en su portal un proyecto de protocolo de fiscalización donde se establecía que las empresas que han contratado trabajadores de nacionalidad venezolana no estaban sujetas a los límites de contratación de trabajadores extranjeros.
Es decir podrían superar el 20% del todo el personal que labora en la empresa, como lo establecen las reglas vigentes.
Sin embargo, pocas horas después, la propia Sunafil rectificó su comunicado y precisó que “el personal venezolano también está sujeta a topes de contratación de personal extranjero”. O sea hasta un 20% como máximo.
El hecho evidencia una falta de coordinación que deja mal parada a la Sunafil y que por algunas horas dejó la sensación de que el Estado le daba la espalda a los trabajadores peruanos.
¿Que pasa con la Sunafil?
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es una entidad dependiente del ministerio de trabajo mediante la cual el Estado cumple el compromiso de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, labor que lamentablemente cumple a medias por falta de recursos.
Por ejemplo, en noviembre de 2018, un equipo de inspectores de la Sunafil detectó que una conocida clínica de Miraflores (nunca revelaron el nombre) tenía a 350 profesionales de la salud contratados bajo la modalidad de ‘locación de servicios’, en lugar de registrarlos en su planilla electrónica como trabajadores dependientes.
Esta situación anómala ocurría a pesar que dicho personal cumplía una jornada y horario de trabajo, estaban bajo subordinación y formaban parte de la actividad económica principal del establecimiento de salud que de esta manera eludía los derechos laborales al que tenían derecho los trabajadores.
El otro lado de la moneda
“En nuestro país suman miles los trabajadores del sector transporte terrestre que se encuentran huérfanos de los derechos laborales, sociales y de salud. Esto debido a que la mayoría de las empresas de transporte terrestre, -formales e informales-, no los incluyen en sus planillas y las pocas que lo hacen les ponen el sueldo mínimo y el resto se los pagan en bonos” denunció Francisco Dávila Ordoñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú, SINTRATTP.
En ese sentido Dávila Ordoñez, hizo una invocación a la SUNAFIL para que investigue los accidentes de tránsito donde se encuentren implicados los vehículos y conductores de las empresas de transporte terrestre interprovincial y urbano de pasajeros así como las papeletas generadas por infracciones a las reglas de transito, que usualmente son descontadas al trabajador pero no siempre sirven para cancelar las infracciones porque el propietario del vehículo se queda con el dinero.
“Lamentablemente la Sunafil no hace caso de nuestros reclamos y tenemos la sensación que está de espaldas de la problemática del trabajador de transporte terrestre”, añadió.
Por su parte Manuel Peña Farfán, secretario de economía del sintrattp, declaró que “El deterioro de la calidad de vida de los trabajadores de transporte terrestre ha llegado a niveles insostenibles. Esto luego de más de 30 años de estar regidos por las reglas y el dominio de la informalidad impuestas por las empresas del transporte terrestre”.
Según los dirigentes los derechos de los trabajadores del transporte, son burlados ya que se les impone más de 16 horas de trabajo diario sin derechos a los beneficios sociales como las CTS, gratificaciones, asignaciones familiares, vacaciones y las utilidades que generan su trabajo. Agregan que la injusticia se impone, además, con la privación de las pensiones de jubilación, de los seguros de salud, de seguros de vida y de trabajo complementario de riesgo.
Pero no solo los trabajadores de las empresas interprovinciales están afectados por la informalidad y el abuso de los propietarios de los vehículos. También están los casos de los conductores y cobradores que laboran en las empresas de transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao que llevan trabajando un promedio de 30 años de servicio.
Muchos de ellos que actualmente bordean los 65 a 70 años edad, son víctimas de la informalidad y viven con la incertidumbre de tener un vejez sin gozar de una pensión de jubilación o un seguro de salud que los ampare en los últimos años de su vida.
El ministerio de Trabajo tiene la palabra.
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