El congresista Mauricio Mulder, en representación de la Célula Parlamentaria Aprista, afirmó que el proyecto de ley que plantea modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público presentado por el presidente Martín Vizcarra “tiene no solo serios vicios, sino hechos concretos de inconstitucionalidad” aunque observó que hay antecedentes que pueden permitir salvarlo.
En conferencia de prensa de la bancada aprista el congresista Jorge del Castillo señaló que “por ley no se le puede suspender funciones a un funcionario de orden constitucional” ¿Entonces, para qué propiciar una confrontación?, se preguntó.
Ambos legisladores advirtieron que la situación del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, resulta insostenible y que haría bien en dar un paso al costado, pues de lo contrario tendría que tratarse en el Congreso en los términos que está planteado este proyecto. “Aquí lo que nosotros queremos es defender la constitucionalidad y una forma de defenderla es que el señor Chávarry de un paso al costado; es más, podría toda la Junta de Fiscales renunciar también y dejar a los siguientes para que se cumpla el sentido de la ley sin violar la Constitución”, dijo Del Castillo.
Advirtió que si hoy se tolera y se permite, dada la situación de presión social, que se viole la Constitución, mañana se hará lo mismo y se violará el estado de derecho.
“El Ministerio Público no es el Consejo Nacional de la Magistratura. El Ministerio Publico tiene una autonomía consagrada en la Constitución. Así como se ha presentado este proyecto de ley es inconstitucional no se puede aprobar. Mañana lo hará el Poder Ejecutivo con el Congreso”, agregó por su parte el congresista Javier Velásquez Quesquén.
Finalmente, el congresista Mulder dijo que el proyecto colisiona con el artículo 158 de la Constitución Política que establece la autonomía del Ministerio Público lo cual quiere decir que se reforman a sí mismas, se fiscalizan a sí mismas y en eso coinciden diversos constitucionalistas.
ODEBRECHT
Los legisladores apristas expresaron su total acuerdo con el presidente Vizcarra quien hace unos días dijo que no estaba de acuerdo con que la empresa Odebrecht siguiera contratando con el Perú.
Del Castillo Gálvez observó que la “baja reparación civil” que se le ha pactado a la empresa es pagadera en 15 años por decisión de los fiscales, cuando la ley señala 5 años, pero advirtió una situación más grave aún en la forma de pago de dicha indemnización que debe ser abonada en partes iguales entre la constructora y la empresas peruanas en nuevos contratos.
“Lo más grave es que puedan seguir contratando con el Estado peruano. Lo cual significa que Odebrecht regresa al Perú y va subcontratar al Club de la Construcción, es decir los peruanos le tenemos que pagar a la empresa Odebrecht para que a su vez ellos paguen la reparación al Estado Peruano. Sale de un bolsillo del Estado para que regresar a otro bolsillo y eso no es correcto”, subrayó el legislador.
Insistió en que no puede volver a contratar con el Estado por los hechos de corrupción y rechazó que en ningún momento se le haya inhabilitado para suscribir acuerdos con Perú. “Cuando un funcionario comete una infracción nos pueden inhabilitar, según la Constitución, por 10 años, a Odebrecht no lo han inhabilitado nadie. Entren a la página del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y van a encontrar que Odebrecht está habilitada para contratar con el Estado hoy, o sea en ningún momento fue suspendida y eso es grave”, concluyó Del Castillo.
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