Parlamentarios de distintas bancadas políticas coincidieron en pedir al Poder Ejecutivo que el presupuesto para el próximo año debe atender necesidades básicas de la población como salud, educación y vivienda, además la seguridad y los sectores de desarrollo, como agricultura, fueron motivo de demanda.
El congresista Miguel Torres (FP) señaló que la lucha contra la inseguridad ciudadana no se ha desarrollado en el país ni se ha fortalecido a la policía en el marco de un problema en el que se tiene que tomar medidas de prevención y resocialización.
Son numerosas las mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año, señaló Torres tras indicar que la solución no pasa por creer que con el castigo se desalentará el delito por miedo a la cárcel, sino por el de prevenir este tipo de casos. Consideró que es necesario cambiar la política en ese sentido y no crear otro Ministerio de la Mujer, sino fortalecerlo.
Reclamó apoyo presupuestal para el Inabif, mayor inversión pública, campañas de sensibilización y que si se quiere contar con soluciones al problema de la violencia se debe tener una estrategia integral.
La congresista Karina Beteta (FP) pidió que se declare de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de construcción del gran complejo cultural de Huánuco, obra que puede ser la emblemática de esa zona del país con miras a la celebración del Bicentenario.
De igual manera, solicitó la creación de una unidad ejecutora para el complejo arqueológico cultural Kotosk, entre otras obras para la jurisdicción que ella representa.
Por su lado, el legislador Wilmer Aguilar Montenegro (FP) en representación del departamento de Cajamarca, refirió que la experiencia de más de dos millones de ronderos en defensa de la población los ha convertido en colaboradores eficaces de la seguridad.
Seguidamente, pidió al Poder Ejecutivo una asignación presupuestal que permita la construcción de servicios básicos como agua, saneamiento, y apoyo al desarrollo de la educación y la agricultura y a la conectividad.
El congresista Roy Ventura (FP) llamó la atención de la Presidencia del Consejo de Ministros por la falta de atención a niños y adultos contaminados con plomo en la sangre que querían saber del cumplimiento de atención de su salud suscrito en un acta en agosto pasado. Refirió que el 18 de octubre pasado se firmó otra acta para que se cumpla el acta de agosto.
“Pido que ordene a sus ministros y a los funcionarios de los ministerios respectivos que atiendan a los niños contaminados con plomo”, dijo indignado.
César Segura Izquierdo (FP) indicó que la población de zonas afro descendientes como Ica, vienen siendo discriminados en su jurisdicción, pese a ser víctimas del fenómeno climatológico y sísmico, sin que el Ministerio de Economía y Finanzas se preocupe, pese a contar con una importante herramienta como es Obras por Impuesto.
Mercedes Aráoz (PPK) se refirió a los trabajadores del régimen 276 señalando que existe una inconsistencia en el manejo de la planilla del personal técnico y auxiliar administrativo similar a la situación a los sujetos a la Ley 285761, por lo que pidió su adecuación.
El congresista Justiniano Apaza (FA) dijo que el presupuesto es centralista y atenta contra los trabajadores estatales y en su conjunto porque el MEF siempre argumenta que no hay fondos y no se puede afectar el equilibrio fiscal. Pidió que se pague la deuda social ascendente a 500 millones de soles.
Por su lado, el congresista Edwin Donayre (APP) aprovechó la oportunidad para aclarar que el Congreso de la República no lo está blindando, como lo dijo el presidente del Poder Judicial y solicitó una audiencia con él extensiva al Fiscal de la Nación. “Mirándolos a los ojos, quiero decirles que soy un hombre honesto y no le tengo miedo a la cárcel ni siquiera a la muerte, pero nadie puede doblegarse ante la injusticia”, expresó.
En su condición de presidente de la Comisión de Salud, indicó cifras de desatención, entre ellos que el 30% de la población, once millones de peruanos, no acceden a ningún tipo de salud y que el 78% de hospitales tienen serias deficiencias para lo cual se requiere 16 mil millones de soles.
Entretanto, Édgar Ochoa Pezo (NP), pidió un incremento en la remuneración en el magisterio y que sea en dos partidas, pero enero y en marzo. “No estamos contentos con los 200 soles”, expresó y reclamó por el nombramiento para profesores con no menos de cinco años de contratación.
El congresista Miguel Román (AP) pidió la exoneración de los gobiernos locales de la prohibición de incrementos de sus remuneraciones, porque este sector sin pedir al Tesoro Público puede recurrir a sus recursos propios. “De esta manera se puede evitar que los alcaldes estén continuamente denunciados por la Contraloría y verlos en los tribunales”, anotó. También reclamó porque desde hace diez años los trabajadores del sector público reciben la misma bonificación de 300 y 400 soles y no existe preocupación de actualización de esos montos por parte del Poder Ejecutivo, pese a que se ha incrementado el costo de vida.
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