El proceso judicial por la muerte del policía Froilán Jiménez sale de manos del fiscal de primera instancia Fabián Salazar, quien remite el caso a su superior por considerar que deben ser investigadas dos exautoridades con fuero de Corte Nacional: el expresidente Rafael Correa y el entonces ministro de Defensa Javier Ponce.
Salazar cita cerca de 30 elementos de convicción para sustentar su pedido, entre ellos un informe oficial de las Fuerzas Armadas firmado por el general Jorge Peña Cobeña, quien era director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En el inciso 13, el documento señala que “el sr. presidente en base a contacto telefónico, dispone al sr. ministro de Defensa Nacional y al sr. jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo. Para el efecto, se coordina, tanto en forma personal como vía telefónica con elementos de seguridad del sr. presidente”.
En su escrito, el fiscal Salazar, además, detalla que la orden habría pasado por una cadena de mando que fue cumplida por los militares, que la disposición superior tuvo como consecuencia muertos y heridos, y no tomó en cuenta al Hospital de la Policía y al Hospital Metropolitano.
Señala que “se atentó contra dos centros de salud sin medir las consecuencias que hasta la fecha se tratan de aclarar (…) Se debía prever cualquier orden que se dispuso el 30 de septiembre de 2010 para evitar los resultados actuales”.
Hasta el momento, son procesados 2 oficiales del Ejército por presunta ejecución extrajudicial.
Ahora, el caso lo deberá conocer el fiscal general Paúl Pérez, quien decidirá si formula cargos en contra de Correa y Ponce y si los vincula en audiencia.
(Fuente: Nodal)
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