Defensora de la Mujer recuerda que Ley 30364 así lo establece
Las municipalidades del país deben invertir en la creación de casas de refugio y fortalecer las comisarías de familia para prevenir, proteger y erradicar la violencia contra la mujer, tal como lo establece la Ley 30364, manifestaron voceros de la Defensoría del Pueblo.
La adjunta para los Derechos de la Mujer de la institución, Eliana Revollar Añaños, precisó que la norma, que ya tiene tres años de vigencia, faculta a las municipalidades a desarrollar acciones que coadyuven al cumplimiento de la ley.
“Entre las acciones que precisa se encuentra la creación de casas de refugio para mujeres víctimas de violencia y/o tentativa de feminicidio, a fin de estar protegidas del agresor para evitar poner en riesgo su vida”, comentó a la Agencia Andina.
El problema es que destinan recursos a actividades desarticuladas como ferias, talleres y charlas que no responden a un plan estratégico, pero tampoco reciben una asignación presupuestal aprobada por gestión de resultados. Por eso, no hacen nada, lamentó la abogada.
La Ley 30364 indica que los gobiernos ediles también deben fortalecer las comisarías de familia y no deben desvinculares de la organización de actividades culturales y recreativas, tan necesarias en la comunidad para promover la salud emocional en las familias, agregó.
Estas actividades pueden articularlas con otras, como la capacitación al personal de serenazgo para que ayude a garantizar el cumplimiento de las medidas de protección a la víctima a través de visitas a su domicilio, por ejemplo, refirió la funcionaria.
“Se les tiene que entrenar para que sean aliados de la Policía Nacional y sepan inclusive presentar una denuncia.”
La adjunta para los Derechos de la Mujer recordó que la aprobación de ordenanzas contra el acoso callejero es otra medida que pueden implementar los alcaldes en el marco de la Ley 30364.
Ante la proximidad de las elecciones municipales y regionales en octubre a nivel nacional, Revollar Añaños exhortó a la ciudadanía a exigir a los candidatos y candidatas su compromiso para reducir la violencia contra la mujer cumpliendo con lo que indica el dispositivo legal.
Algunas dificultades
A inicios de este año la Defensoría del Pueblo reveló que no solo los municipios distritales y provinciales invirtieron poco en prevención de la violencia familiar y de género, también los gobiernos regionales incumplieron sus tareas a pesar de que existe el Plan Nacional Violencia de Género 2016- 2021, refirió la abogada.
El problema, señaló, es que el Ministerio de la Mujer (MIMP) no monitorea el cumplimiento de este plan en esos niveles de gobierno, ni tampoco las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescentes (Demuna) que la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a crear. “Necesitan ser fortalecidas”, comentó.
(Fuente: Andina)
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