La mesa de trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad del diálogo nacional fue suspendida antes que iniciara funciones después del ataque de turbas en Carazo, puesto que los representantes del gobierno nicaragüense trataron de “justificar” dichos actos violentos, acusando nuevamente a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de realizar un golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega.a delegación de la Alianza Cívica señaló la falta de “voluntad política” de los representantes gubernamentales, y enfatizó que hay una “emergencia gravísima de masiva violación de derechos humanos”.
La delegación de la Alianza Cívica señaló la falta de “voluntad política” de los representantes gubernamentales, y enfatizó que hay una “emergencia gravísima de masiva violación de derechos humanos”.
Al momento del ataque de turbas a los obispos en Carazo, una delegación de la Iglesia Católica y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) salió del Seminario de Fátima, en Managua, donde se estaba efectuando la mesa de trabajo.
Condenan agresiones
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y Enrieth Martínez, representante de la Coalición Universitaria, condenaron las agresiones en Carazo de grupos afines al Gobierno en contra de obispos, periodistas y otros miembros de la Alianza Cívica.
“Lo que estamos viendo en el actuar del Gobierno es que está prácticamente dejando sin espacio esa posibilidad. Todo lo que está pasando es responsabilidad del Gobierno, absolutamente. Ellos son los que están dando las instrucciones, ellos son los que están haciendo que esto suceda en el país, yo creo que hay que darnos cuenta que es exclusivamente su decisión que está llevando al país a donde nos está llevando”, enfatizó Aguerri.
Gobierno rehuye
El gobierno central afirmó este lunes en un comunicado que su agenda para el proceso de democratización busca resolver el problema de violencia e inseguridad en el país, atribuyendo los hechos violentos al “terrorismo” y rechazando la propuesta de la Alianza Cívica para una posible ruta de salida pacífica, a través de elecciones anticipadas, que también ha sido solicitada por los obispos y por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Gobierno declaró que los tranques representan zonas de “violencia, tortura y secuestro”.
“Reafirmamos que solo abordaremos otras agendas específicas en el diálogo nacional relacionadas con el proceso de democratización apegado a lo que manda la Constitución política y las leyes del Estado, y una vez atendido el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia”, indica el comunicado gubernamental.
(Fuente: Nodal)
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