Suspensión de pensión a ex presidentes por mandato de detención

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PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA En el primer punto de su agenda, se dio lectura a la moción de orden del día, en la que el Congreso de la República acuerda rechazar cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, sea personal o a través de cualquier vía de expresión.

La pensión que perciben los ex presidentes de la República será suspendida si se dicta en su contra mandato de detención o detención domiciliaria, por el Poder Judicial, planteó en un proyecto de Ley la congresista Gloria Montenegro Figueroa, de Alianza para el Progreso, APP.

La propuesta se aplica a los procesos penales instaurados a los ex mandatarios, sin la participación del Congreso de la República, fuera de los casos establecidos en el artículo 99 de la Constitución del Estado, establece la iniciativa de Montenegro Figueroa.

Los alcances del proyecto de Ley  N° 2239, están referidos a los procesos que se instauren contra un ex presidentes por presuntos delitos cometidos antes de asumir sus funciones o fuera del plazo de cinco años de protección, tras culminado su mandato, tiempo en el cual un ex Jefe de Estado, tiene derecho al antejuicio constitucional.

El proyecto busca reformar la Ley N°26519  y subsanar los vacíos existentes en la norma, que no regula la suspensión de la pensión extraordinaria para los ex presidentes constitucionales, en las hipótesis en las que no se formula acusación constitucional por vencimiento del plazo legal de protección de cinco años o por tratarse de un delito que no está referido al ejercicio de las funciones pública, como el delito de lavado de activos o porque ocurrió antes de la asunción del cargo.

En junio pasado la congresista Gloria Montenegro Figueroa, presentó un proyecto de Ley N°1542/2016-CR, donde propone el cese definitivo de la pensión que percibe un ex presidente constitucional de la República, tras ser condenado por la comisión de cualquier delito doloso.

Con la presentación de estos proyectos se llena un vacío legal existente y se cautela la moral pública, la institucionalidad presidencial  y los recursos del erario nacional”, afirmó Montenegro Figueroa.