Señala el congresista oficialista, Alberto de Belaunde
La Comisión de Justicia busca la fórmula para terminar con la impunidad en los casos de violaciones de menores de edad. Hay consenso entre los integrantes del grupo de trabajo para analizar la viabilidad de los plazos de prescripción en este tipo de delito.
–¿Como titular de la Comisión de Justicia, ¿cuál es el trabajo que se proyecta para esta legislatura?
–En lo que va de la actual legislatura hemos centrado nuestro trabajo en dos grandes ejes: el derecho humano de las personas más vulnerables y la reforma puntual de algunos aspectos del tema de justicia, que consideramos los más urgentes.
Entonces, en el primer eje ya contamos con la aprobación de dos dictámenes que ayudan al trabajo de la judicatura y del Ministerio Público para enfrentar la violencia contra la mujer. También aprobamos otro dictamen en el que se mejora la normativa para luchar contra la trata de personas, que es el principal flagelo en materia de derechos humanos que existe en el país y lo que más nos interpela como sociedad.
–Me habló de iniciativas para apoyar el sistema de justicia, ¿en qué consisten estas reformas?
–En el ámbito de la reforma de justicia hemos aprobado un dictamen para frenar el abuso de los [pedidos de] amparos y habeas corpus que, considero, será fundamental y ayudará a bajar la carga procesal del Poder Judicial.
De igual modo, aprobamos una iniciativa para institucionalizar el espacio de coordinación creado por el gobierno del presidente [Pedro Pablo] Kuczynski, denominado el Acuerdo Nacional por la Justicia, en un espacio que se llamará InterJusticia, en la que participan el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia de la Magistratura.
¿Cuál es la idea? Crear este espacio en el que se reunirán de manera obligatoria y tomarán acuerdos para dar un mayor impulso a la reforma del sistema de justicia. Para que esto sea posible, es necesario contar con un esquema institucionalizado de colaboración entre los organismos.
–¿Cuándo podría crearse este nuevo espacio denominado InterJusticia?
–Ya tenemos el dictamen, ahora lo que necesitamos es que sea aprobado por el pleno del Congreso y esperamos que esto ocurra antes de que acabe la legislatura. Lo que ocurrirá es que se institucionalizará el Acuerdo Nacional por la Justicia y se cambiará el nombre, pero por iniciativa del Ministerio de Justicia, porque este es un proyecto presentado por este sector y que nuestra comisión priorizó.
Además, es muy interesante porque es apoyada por los demás sectores que integran el Acuerdo Nacional por la Justicia y existe un consenso. Por eso, ante un proyecto de ley consensuado entre todo el sistema de justicia, nosotros hemos decidido darle prioridad.
–Pero, ¿el Acuerdo Nacional por la Justicia no estaba institucionalizado?
–Esta instancia dependía de la voluntad de las autoridades; entonces, nosotros tenemos ahora autoridades comprometidas con este trabajo y esta visión de colaboración que debería estar siempre presente en el Estado, pero, claro, cambian las autoridades y no sabemos si esa misma voluntad existirá en el futuro. Lo que permite InterJusticia es la obligación como institución de estar en este espacio.
–¿Qué otro tema priorizará en esta legislatura la Comisión de Justicia?
–Un tema adicional que es importante destacar tiene que ver con lo referido a la prescripción de los delitos de violación a menores.
Este es un tema de mucha vigencia, no solo en el Perú, sino también en el mundo, hay un debate a nivel de sociedad y de congresos en diferentes partes del mundo sobre qué hacer.
¿Por qué razón? Porque el problema es que un niño o una niña que sufre de abusos sexuales, que además ocurren en un esquema de confianza o de jerarquía, como puede ser en un colegio, en su familia o en algún otro espacio, el tiempo que pasa para que pueda procesar lo ocurrido y denunciarlo excede el tiempo de la prescripción del delito, es decir, cuando el chico ya es joven y decide denunciar, no hay nada que pueda hacer la justicia porque este delito ya prescribió, lo que es injusto.
Además, es interesante porque en la experiencia comparada vemos el caso de Australia, donde se creó una Comisión Nacional para investigar el abuso de menores, y ellos llevan tres años de trabajo con cerca de 700 audiencias.
Una de las conclusiones a las que llegaron es que el tiempo promedio que le toma a un menor de edad hacer la denuncia del abuso es de 33 años. Entonces, si uno ve los plazos de prescripción de los delitos de abuso sexual, el máximo, con todos los agravantes, es de 30 años y, claramente, acá sin querer se favorece a los abusadores.
–¿Cuáles son las propuestas presentadas para evitar esta impunidad?
–Existen proyectos de ley presentados por Peruanos por el Kambio, que es de mi autoría, de Fuerza Popular y Nuevo Perú, para cambiar esta situación y a lo que estamos apuntando es o a la imprescriptibilidad del delito o a que la prescripción empiece a correr desde el momento en que la persona es mayor de edad.
Pero sea cual fuere la decisión que vamos a tomar, y lo haremos en las próximas semanas, se acabará con este manto de impunidad que tienen los abusadores sexuales de menores.
–¿Cómo va el consenso en este tema?
–Es muy bueno, creo que la discusión estará en la fórmula legal exacta, pero el concepto y la idea de acabar con una prescripción tan benévola para los abusadores existe en todas las bancadas.
Otras modificaciones
–Coméntenos el acuerdo de la comisión para acabar con el abuso de los amparos y habeas corpus.
–Aprobamos un dictamen con modificaciones al Código Procesal Constitucional, y uno de los más importantes es la restricción a la competencia de los jueces con las demandas de amparo o habeas corpus contra resoluciones.
A partir de esta modificación, solo serán competentes los jueces del lugar donde se emitió la resolución judicial firme, acabando de esta manera con la cuestionada práctica de interponer habeas corpus o amparos en un distrito judicial distinto a donde se emitió la sentencia.
También aprobamos la posibilidad de que los ciudadanos comuniquen sus demandas en su idioma originario.
El otro lado
El parlamentario, elegido por el partido Peruanos por el Kambio (PPK), es abogado de profesión, cuenta, además, con estudios en el Perú y en el extranjero.
Asimismo, laboró en diversas instituciones privadas y esta es su primera experiencia en la política.
En la actual legislatura del Congreso de la República ocupa la presidencia de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos, e integra la de Relaciones Exteriores.
(Fuente: Andina)