Proyecto permite que informe administrativo detenga acción penal

0
69

Transparencia advierte que norma aprobada por Congreso es inconstitucional

El secretario ejecutivo de Transparencia, Gerardo Távara, advirtió que el proyecto de ley que crea el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos permite que un simple informe administrativo impida a un fiscal ejercer la acción penal, lo cual es inconstitucional.

Según explicó, el citado dictamen, aprobado en la plenaria del último miércoles, crea la figura del oficial de cumplimiento dentro de los partidos políticos, el cual puede emitir un informe sobre el financiamiento electoral ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y no ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Advirtió que, si dicho informe es aceptado por la ONPE, el fiscal ya no podría acusar a pesar de contar con evidencias de financiamiento ilegal.

“Eso es una barbaridad porque terminas haciendo que un informe de corte administrativo detenga la acción penal, es inconstitucional y por donde se le mire es un despropósito”, dijo al análisis el proyecto el cual será observado por el Ejecutivo, según anunció hoy el presidente Martín Vizcarra.

Incorporan delito de financiamiento ilegal de partidos en el Código Penal]

Además, Gerardo Távara añadió que el proyecto sancionado no recoge todas las infracciones punibles en materia de financiamiento de la política.

Por ejemplo, explicó que es posible recibir dinero de fuente legal por encima del límite permitido; recibir de fuente legal, pero fuera del sistema bancario; o recibir de fuente legal, pero no registrarlo, sino “pitufearlo”.

Todos esos casos son punibles a pesar de ser legal el origen del dinero, detalló.

“Solo se está tipificando la recepción de dinero de fuente ilegal. Es como si estuviera intentándose crear un tipo de lavado de activos menos grave porque se hace en el marco de una campaña electoral”, manifestó en el programa “A pensar más” de Radio Santa Rosa.

El proyecto de ley aprobado por el Parlamento generó reacciones encontradas entre el sector que lo respalda y quienes cuestionan su pertinencia en el marco de los esfuerzos por combatir la infiltración del dinero ilegal en las campañas electorales de los partidos políticos.

(Fuente: Andina)