Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba por no investigar empresas exconsorciadas con Odebrecht.
Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso aprobó estar tarde el informe de calificación de las dos denuncias constitucionales presentadas por los legisladores Daniel Salaverry (FP) y Yeni Vilcatoma (NA) contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por infringir la Constitución Política al no investigar a las empresas exconsorciadas con Odebrecht en el caso Lava Jato.
Al término de un amplio debate multipartidario se aprobó con 9 votos a favor: Maritza García, Percy Alcalá, Yesenia Ponce, Karina Beteta, Hector Becerril, César Segura, Wuiliam Monterola, Rolando Reátegui y la adhesión de la presidenta del grupo de trabajo Milagros Takayama, todos de Fuerza Popular y 5 en contra: Marisol Espinoza (APP), Víctor Andrés García Belaunde (AP), Juan Sheput (PPK) y Gino Costa (PPK) y Reymundo Lapa (FA). El único que se abstuvo fue el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén.
Antes, el legislador Velásquez planteó como cuestión previa que sea rechazado el informe de calificación pero no prosperó porque 8 legisladores se opusieron y 6 votaron a favor.
El informe de calificación concluye en declarar procedentes las denuncias constitucionales presentadas por los legisladores Salaverry y Vilcatoma contra el Fiscal de la Nación por infracción a los artículos 39, 139 inciso 2 y 159 incisos 1 y 2 de la Constitución Política y, por infringir los artículos 139 inciso 2 y 159 incisos 4 y 5 de la Carta Política, respectivamente.
El paso siguiente es solicitar a la Comisión Permanente del Congreso el plazo investigatorio para realizar los actos correspondientes.
DEBATE MULTIPARTIDARIO
Durante dos horas, la sala de sesiones de la Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales fue escenario de un amplio debate multipartidario en donde los legisladores fujimoristas Héctor Becerril, Karina Beteta y César Segura, defendieron que sí cabe denunciar al titular del Ministerio Público porque no dispuso que se inicien las investigaciones a las empresas socias con la megaempresa brasileña Odebrecht.
«¿A quién está protegiendo?, ¿quiénes tienen miedo?, Hasta ahora no se tramita la extradición al expresidente Alejandro Toledo. ¡Estamos actuando de acuerdo a la ley y a la Constitución!», dijo Becerril mientras que su colega Beteta acusó al fiscal Pablo Sánchez quien hasta ahora no se haya embargado, ni siquiera la documentación, de las empresas socias con Odebrecht.
Los legisladores Reymundo Lapa, Javier Velásquez, Juan Sheput, Gino Costa y Marisol Espinoza criticaron la oportunidad de las dos denuncias constitucionales contra el Fiscal de la Nación y el apuro para que sean prontamente vistas en la Subcomisión, “lo cual confirma que detrás hay un interés político”.
Sheput y Costa alertaron que estas denuncias -«una de las cuales se basa en recortes periodísticos»- son parte de una ofensiva peligrosa en contra de la estabilidad, la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho mientras que Lapa advirtió que mal puede denunciarse constitucionalmente al fiscal Pablo Sánchez cuando está en curso un proceso de investigación fiscal. A ello replicó Becerril afirmando que el apuro está en que cada día que pasa se pierden las pruebas del mayor caso de corrupción nacional «y al menos el Perú debería recuperar una milésima parte de los millones de dólares robados».
Velásquez desmenuzó las dos denuncias constitucionales porque son contradictorias y carecen de fundamento legal y constitucional porque no se ajustan a lo que dispone el artículo 159 de la Carta Política «porque una cosa es el juicio político y otra el delito de función» mientras que su colega García Belaunde aseveró que de la lectura de ambas denuncias contra el fiscal Sánchez «no encuentro cual es la infracción constitucional» aunque sí alertó que transcurrido un año de la denuncia del caso Lava Jato hasta ahora una ex socia de Odebrecht ha vendido 200 millone de dólares de sus activos mientras que la propia Odebrecht consiguió vender parte de sus activos valorizados en 450 millones de dólares sin pagar a los proveedores ni a Cofide.
La legisladora Espinoza dijo que no se configura ninguna infracción constitucional mientras que Marisa Glave (NP) -quien no tiene derecho a voto en la Subcomisión de Acusaciones- intervino para señalar que lo que se pretende con las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación es propinar un «golpe a la institucionalidad democrática».
