Primer juzgado ambiental de Perú comenzará a funcionar en marzo próximo

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Se instalará en Puerto Maldonado

En marzo próximo comenzará a funcionar el primer juzgado especializado en materia ambiental, que operará en Puerto Maldonado, anunciaron hoy la ministra del Ambiente (Minam), Elsa Galarza y el titular del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez.

Ambos funcionarios sostuvieron una reunión en la que abordaron problemas en materia ambiental, el tráfico ilícito de tierras en Chaparrí (Lambayeque), invasiones en el ecosistema de lomas de la costa del Perú y la minería ilegal en Madre de Dios.

Galarza mencionó que esta reunión de trabajo conjunta es una muestra del compromiso multisectorial entre ambos Poderes del Estado, que permite tomar acciones concretas y articuladas para afrontar delitos ambientales.

En ese sentido, se informó que en el Presupuesto General de la República 2018, se otorgó una partida económica al Poder Judicial para la instalación de un Juzgado Ambiental en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, que será el primer juzgado especializado en materia ambiental, y que iniciará sus funciones a partir del mes de marzo del año en curso.

“Saludo que el Poder Judicial haya decidido instalar este Juzgado Ambiental en Puerto Maldonado, justamente en una de las regiones más afectadas por la minería ilegal, y otros delitos ambientales, y de lesa humanidad como trata de personas, trabajo forzoso, entre otros”, refirió Galarza.

Asimismo, mencionó que el Minam logró incorporar en esta lucha a sectores como el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre y la Fiscalía Especializada en materia ambiental, en tal sentido, dijo que el Poder Judicial será “un gran aliado” para hacer frente a las amenazas que atentan contra el ambiente.

Respecto al área de conservación privada (ACP) Chaparrí, la ministra Galarza lamentó los hechos delictivos ocurridos, e informó que se está realizando un trabajo coordinado con las autoridades competentes para conservar la flora y fauna silvestre.

Además, indicó que se han adoptado las acciones respectivas desde julio del año pasado, y se han reunido con la comunidad campesina de Santa Catalina de Chongoyape para evitar la expansión del tráfico de tierras.

“No queremos que esta situación avance. Es un problema de tráfico de tierras, de intereses de terceros por apropiarse de una tierra que tiene otro fin, que es la conservación y protección del ambiente”, señaló.

De otro lado, la ministra informó que se reunirá con la fiscal superior y coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, Flor de María Vega, para analizar estrategias de trabajo a fin de ser más efectivos en las acciones contra los actos que vulneran nuestro patrimonio natural.

(Fuente: Andina)