Población debe participar en monitoreo ambiental

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Lima, 16 febrero 2017 (peruinforma.com).-

La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, María Elena Foronda (FA) consideró necesario la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental para evitar futuros conflictos.

La legisladora destacó el conocimiento milenario que tiene la población de la naturaleza y sus elementos, como la tierra, agua, biodiversidad, aire, entre otros, con lo que pueden contribuir a la lucha contra el impacto ambiental.

Explicó que con la  generación de un espacio de participación de la ciudadanía se podría arribar a conclusiones más completas y se produciría más confianza en el Estado.

Foronda Farro indicó que en estos momentos hay 220 casos por resolver y que un 70 por ciento de ese total están vinculados a los problemas de contaminación que serían generados por la gran minería.

Dijo que no ver el tema de esta manera no es técnico, sino autoritario y discriminatorio y con desconocimiento del aporte que puede dar la población sobre el manejo de sus suelos, agua, aire y otros.

La parlamentaria encabezó una reunión con la  participación de los representantes de las comunidades de Collagrande, Jangas, Jupro, Carhuanyoc ubicadas en el límite entre Huánuco y Áncash; de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Foronda informó que mientras la ANA mostró su plena disponibilidad, la OEFA no hizo lo propio en el caso del conflicto entre las comunidades y la empresa minera Antamina por los pasivos ambientales que estarían contaminando la laguna Condorcocha.

Por esa razón, Foronda indicó que solicitará la presencia de la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, para que se informe sobre el informe de monitoreo participativo y que se promueva el trabajo coordinado a fin de llegar a una sola conclusión.

Finalmente, la congresista indicó que tiene una propuesta legislativa que plantea el establecimiento de una articulación de la vigilancia y el monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.