Medida ordena a Municipalidad de Lima no hacer obras en Aramburú y Parque Sur
El Poder Judicial ratificó la medida cautelar que ordena a la Municipalidad de Lima abstenerse de ejecutar las obras de ampliación de carriles que pretende realizar en la berma central de las avenidas Aramburú y Parque Sur en San Isidro, informó el alcalde distrital, Manuel Velarde.
De esta manera, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la oposición en contra de dicha medida cautelar manifestada tanto por la comuna metropolitana, como por la Empresa Municipal Administradora de Peajes (EMAPE) y la empresa contratista.
A través de una resolución, el juez Juan Macedo Cuenca determinó que las características del caso muestran una amenaza de daño ambiental basado en documentos oficiales emitidos por las propias entidades estatales y del sistema ambiental.
El Juzgado considera también que incluso la existencia de la llamada certificación ambiental otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, demuestra que las características de la obra constituyen un elemento objetivo que sustenta una probable afectación al ambiente.
Esa razón motiva la decisión judicial de declarar infundado el pedido de la Municipalidad de Lima de levantar la medida cautelar para llevar adelante dicha obra.
El fallo ordena a los demandados además a cumplir con el mandato cautelar en todos sus extremos, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional.
Tanto la Municipalidad de Lima como EMAPE ya fueron notificados sobre esta decisión judicial.
“Cuando creíamos inminente las intenciones del alcalde Castañeda de abrir un tercer carril en Aramburú / Parque Sur, al haber obtenido un certificado ambiental del MTC (organismo al que no le corresponde), el juez Macedo nos dice que no todo está perdido en el Perú, que el sistema judicial cuenta con jueces probos y consecuentes con sus principios, a los que no les va a temblar la mano para hacer lo correcto», manifestó Velarde.
Agregó que el juez basa su argumentación en la defensa del derecho de la persona a gozar de un ambiente equilibrado, y que las características de la obra afectan sus derechos constitucionales.
Desde un inicio el alcalde de San Isidro expresó su rechazo a la ejecución de la obra mencionada por no representar una solución real al problema y a un costo de 8 millones de soles.
Además, el alcalde de San Isidro sostuvo que estas obras constituirían un atentado ecológico por la tala de más de 100 árboles y la destrucción de más de 2,500 metros cuadrados de áreas verdes.
(Fuente: Andina)
