Pequeños productores de Comercio Justo de Latinoamérica y Caribe se reunirán en Lima

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Cerca de 200 delegados y delegadas de diferentes países del continente, que representan a 352 mil pequeños productores y 16 mil trabajadores de la Coordinadora Latinoamericana de y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), se reunirán este jueves 8 y viernes 9 de noviembre en Lima para evaluar los retos y desafíos del comercio justo y solidario para el 2019.

Su presidenta, Marike de la Peña, remarca que es un momento crucial para definir las estrategias para el desarrollo sostenible en el que se priorice no solo el aspecto económico sino también social y ambiental. “Esto requiere de grandes compromisos y un trabajo conjunto entre gobiernos, sectores públicos y privados, y organizaciones de la sociedad civil”, dice.

La CLAC está formada por más de 800 organizaciones de pequeños (as) productores (as) en 24 países, quienes trabajan más de novecientas mil hectáreas con cultivos de Comercio Justo.

Perú, México y Colombia son los países que mayor cantidad de pequeños (as) agricultores (as) con productos de Comercio Justo. El presidente de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, Hebert Quispe, detalla que en nuestro país hay más de 100 mil productores reunidos en 315 organizaciones. De ellas 185 son de café, 56 de cacao, 35 de banano y 39 de verdura y especias.

El presidente de la Junta Nacional del Café, Tomás Córdova, resalta que 40 mil familias cafetaleras cultivan café certificado con sello Fairtrade. “Con la prima que nos da, nos ayuda a los pequeños (as) productores (as) a fortalecer nuestras capacidades para una caficultura sostenible”, refiere. El Comercio Justo garantiza un precio mínimo para los productos – protegiendo de las fluctuaciones de precios generadas en las bolsas de valores – así como también otorga una prima social que se invierte en el bienestar colectivo.

El 40% de la prima de Comercio Justo se invierte en servicios a productores, otro 40% en infraestructura y recursos humanos, 10 % en fondos de crédito y 10% en servicios a las comunidades