Paraguay: panorama político y escenario electoral

0
298

Paraguay elige hoy a su próximo presidente

Este domingo las y los paraguayos asistirán a los centros de votación para elegir a su próximo mandatario, que gobernará hasta 2023. Los máximos competidores que han polarizado la contienda entre los diez candidatos son: Mario Abdo Benítez, del movimiento Colorado Añeteté – Alianza Nacional Republicana (ANR – más conocido como el Partido Colorado) y Efraín Alegre por la Alianza GANAR, coalición que incluye al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y al Frente Guasú. La reforma constitucional –que podría habilitar la reelección prohibida desde el fin de la dictadura stronissta- y los cambios en el Poder Judicial –fuertemente cuestionado en los últimos meses- fueron dos de los ejes trazaron el debate. Mientras tanto, otros dos temas se han colado en la agenda y visibilizado las deudas para con las mujeres y el movimiento LGBTTTI: la equidad en la política y el matrimonio igualitario.

Electores y candidatos

Para estas elecciones generales, el  Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que se encuentran habilitadas las personas mayores de 18 años inscriptas que suman unas 4.260.816 dentro del territorio paraguayo y  38.170 en el exterior, que podrán asistir a los centros dispuestos en Estados Unidos, España, Argentina y Brasil.

Además del próximo presidente, quienes residan en el país elegirán al vicepresidente, 45 senadores titulares y 30 suplentes; 80 diputados y sus respectivos suplentes; 18 parlamentarios para el Mercosur y la misma cantidad de suplentes; 17 gobernadores y 17 representantes para las Juntas Departamentales. En tanto, quienes se encuentren en el extranjero sólo podrán votar por presidente, vice y parlamentarios al Mercosur.

Quienes sean designados para los cargos de presidente y vice asumirán el próximo 15 de agosto hasta 2023, sin derecho a reelección. Mientras que los gobernadores y las Juntas Departamentales lo harán en agosto. Senadores y diputados lo harán el 1° de julio.

En total, son 10 los candidatos a presidente a suceder al actual Horacio Cartes (Partido Colorado). “Marito”, como se lo conoce popularmente al candidato del Partido Colorado, irá por la Lista 1 y estará acompañado por Hugo Velázquez como su vicepresidente. Su principal contrincante es Efraín Alegre por la Lista 5 con la Alianza GANAR, en cuya chapa presidencial figura segundo Leo Rubín.

Cabe mencionar que la Alianza GANAR repite un esquema similar al que fue presentado en 2008, junto con el entonces presidente Fernando Lugo a la cabeza, con la intención estratégica de competir contra el Partido Colorado. En aquel entonces, la alianza acabó por desarmarse en 2012, cuando el PLRA apoyó el juicio político y la destitución de Lugo, y lo sustituyó su vice (del PLRA) Federico Franco.

El resto de los candidatos son: Pedro Almada Galeano (Frente Amplio – Lista 12), Jaro Anzoategui (Movimiento Nacional de Artistas del Paraguay – Lista 15), Efraín Enríquez (Movimiento de Soberanía Nacional- Lista 22), Juan Ybañez (Partido Verde Paraguay – Lista 23), el militar retirado Ramón Benítez (Movimiento Reserva Patriótica – Lista 30), Germán Ortega (Partido Socialista Democrático Herederos – Lista 45), Anastasio Galeano (Partido del Movimiento Patriótico Popular – Lista 50) y Celino Ferreira (Movimiento Nacional Unamonos – Lista 60).

Tres hitos de la historia reciente

La historia reciente del Paraguay ha estado atravesada por fuertes altibajos en términos de estabilidad gubernamental. El conflicto por la tierra, una enmienda constitucional y la trama de corrupción que atraviesa a la Justicia han sido los principales focos de conflicto.

La tierra

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner han sido repartidas unas ocho millones de hectáreas de manera fraudulenta, según un informe elaborado en 2008 por la Comisión de Verdad y Justicia nacional. Esa situación tiene impacto en la actualidad, en donde entre el 2,5 y 3 por ciento de los propietarios concentran el 85 por ciento de la tierra. Las tierras malhabidas, como se las conocen, han desatado en 2012 la Masacre de Curuguaty, que tuvo como efecto la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

Las tierras que serían destinadas a campesinos y campesinas fueron, al cabo de una serie de trámites, concedidas al empresario y político colorado Blas Riquelme. La acusación de usurpación sirvió como excusa para que la fuerza pública actuara sobre quienes reclamaban las tierras. El 15 de junio de 2012 fallecieron 17 personas y, luego, 13 campesinos fueron juzgados y apresados sin pruebas fehacientes. La situación derivó en un pedido de juicio político por parte del Parlamento contra Fernando Lugo y su consecuente destitución por supuesta responsabilidad en los hechos.

Crisis institucional

La intención de Horacio Cartes de mantenerse en el poder, así como la de Fernando Lugo por retornar al mando del país, los encontró aliados el 31 de marzo de 2017. Así, desde el Poder Legislativo intentaron votar una enmienda constitucional que permitiría la reelección de presidente y vicepresidente. Según la Constitución de 1992 está prohibido y, tal como marca el artículo 290, puede ser modificado a través de una reforma constitucional y no mediante enmienda.

El Senado llevó esa discusión de manera dividida y para concretarlo debían cambiar ciertos pasos en el protocolo de sesiones. En una sesión paralela, quienes estaban a favor de la enmienda autoproclamaron a un nuevo presidente del Senado para poder darle curso al proyecto. El llamado a la movilización en las calles fue contundente y acabó con la quema del Congreso. La respuesta por parte del Estado fue la represión, lo que terminó con el ingreso de las Fuerzas al Comité Central del PLRA y el asesinato de un disparo en la espalda de Rodrigo Quintana, que allí se refugiaba. En marzo pasado, la Corte determinó que la sesión en cuestión fue legal, pese a las condiciones en las que se dio.

Los audios que develaron la corrupción entre la Justicia y el poder político

El 6 de noviembre pasado una serie de audios difundidos por la radio ABC Cardinal desató sino el mayor escándalo de corrupción en Paraguay. Allí se escucha cómo políticos acuerdan con sobornos o amenazas a fiscales y jueces el avance o no de causas judiciales.

Como consecuencia, a fines de diciembre fue destituido por primera vez en la historia un senador. Se trata del cartista por Honor Colorado-Partido Colorado Oscar González Daher, por ser el principal operador: era el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano encargado de sancionar a los magistrados que se apartan de la legalidad en el ejercicio de sus funciones. Pero, en su lugar, los presionaba o coimeaba.

Las imputaciones a Daher son por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal y pesan también sobre su secretario, Fernández Lippmann, el exsenador –renunciante- Jorge Oviedo Matto (Unace) y hasta el fiscal general de la Nación, Javier Díaz Verón, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Hay, además, dos abogados a quienes se los acusa de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal. Uno de ellos es Carmelo Caballero, exministro del Interior durante el gobierno de Federico Franco, acusado de ocultar evidencia de la Masacre de Curuguaty.

Las mujeres y el colectivo LGBTI en la política

El Paraguay fue el último país en la región donde le fueron reconocidos los derechos políticos a las mujeres: desde 1961 pudieron votar y ser electas. La dictadura stronissta (1954-1989), por su parte, se encargó especialmente de perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer a homosexuales. En la actualidad, los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual luchan por romper con los estigmas que aún perduran en la clase política y en la población. Avanzan, aunque los pasos se den sobre un terreno pedregoso: la educación con perspectiva de género, por ejemplo, ha sido prohibida por decreto en las instituciones educativas de todo el país bajo el mote de “ideología de género” que Joseph Ratzinger le ha dado a las teorías feministas que luchan por los derechos y la equidad de las mujeres. En el Congreso en el periodo parlamentario 2013-2018 sólo el 17 por ciento de las bancas han sido ocupadas por mujeres.

Así las cosas, legisladoras de diversos partidos pelean hace poco más de un año porque el Congreso Nacional apruebe la Ley de Paridad Democrática (50-50) –ya instaurada en diversos países de América Latina- que incluiría a las listas electorales como para las agrupaciones políticas y las instituciones públicas. “No pidan paridad”, dijo el presidente Cartes hace pocos días. Pese a su posición, el proyecto avanza y con la aprobación en el Senado el pasado 8 de marzo pasó a consideración en Diputados.

Por otro lado, el movimiento Kuña Pyrenda (“plataforma de mujer”, en guaraní) es el único movimiento en estas elecciones que se ha manifestado públicamente a favor de los derechos de las personas de sexualidades diversas y que impulsa la candidatura al senado como cabeza de lista a Lilian Soto, médica, investigadora feminista y secretaria ejecutiva de la Función Pública entre 2008 y 2012. Al contrario, se han posicionado los candidatos presidenciales: Abdo Benítez propuso vetar cualquier ley que habilite el matrimonio igualitario. Alegre, en tanto, se manifestó en contra, pero abrió la posibilidad de crear alguna figura legal que lo permita. En Paraguay tampoco existe una ley de identidad de género.

Pero estas no son las únicas demandas adeudadas. El delito del feminicidio fue tipificado recién en 2016, pero según un informe presentado en conjunto por el Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres en enero de 2017 existe un subregistro importante: sólo el 20 por ciento de las mujeres denuncia una situación de violencia.

Hace poco menos de un mes una niña de 14 años violada falleció cuando los médicos intentaban practicarle una cesárea de urgencia. “El embarazo infantil y adolescente en Paraguay es una realidad; se registra, por día, el nacimiento de dos bebés cuyas madres son niñas de entre 10 y 14 años de edad, mientras que las madres de otros 55 nacidos vivos por día, cuentan con entre 15 y 20 años de edad”, dice la carta pública de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. En Paraguay el aborto sólo está permitido cuando “peligre la salud de la madre”.

Ahora bien, el próximo domingo más de cuatro millones de paraguayos y paraguayas decidirán quién será el mejor candidato para afrontar las demandas que tiene el país. Será por mayoría simple, por lo que sólo la diferencia de un voto definirá al candidato.

Por Carla Perelló

(Fuente: Nodal)