“Pacto con la impunidad”… Por Octavio Huachani Sánchez

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En los últimos meses los peruanos hemos sido testigos de cómo la corrupción en  nuestro país había tomado la forma de la Hidra de Lerna, aquella mitológica serpiente con más de cien cabezas que poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada.

Las cien cabezas de la corrupción

Los primeros audios divulgados por IDL Reporteros nos revelaron la existencia  de una inimaginable red de corrupción. Los audios revelaron el tráfico de influencias enquistado en el Consejo Nacional de Magistratura, entidad encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales del país.

De acuerdo a los primeros audios los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tenían relación con la organización criminal los “Cuellos Blancos del Puerto”.

(Al respecto la flamante fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, acaba de informar que en total son 41 000 los audios relacionados con el desactivado CNM, de los cuales solo se han podido escuchar el 50 %).

La difusión de esos audios produjo la detención de los integrantes de la banda “los cuellos blancos del puerto”, integrada por jueces de la corte suprema del Callao, abogados litigantes, empresarios y políticos.

Según uno de los audios el presidente de la corte suprema del Callao, Walter Ríos, no solo ofertaba los fallos judiciales sino, además, pedía favores sexuales a cambio de ascensos.

Otro audio propalado por el programa dominical Panorama, puso en evidencia al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, coordinando con un interlocutor no identificado, una reunión con la “señora K de la fuerza número 1” en clara alusión a Keiko Fujimori.

Cuando estos casos fueron vistos por el Congreso, la Comisión Permanente solo aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública para el suspendido juez supremo, César Hinostroza pero obvió acusarlo por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal.

Pero había más…

En un nuevo audio, difundido el IDL Reporteros, se escucha a César Hinostroza y el fiscal Pedro Chavarry donde hablan sobre temas relacionados a la Academia de la Magistratura (AMAG) y las posibilidades futuras de tener injerencia en la AMAG. Pese a ello la Junta de Fiscales  Chavarry juramento cono nuevo fiscal de la nación, cargo al que acaba de renunciar debido a la presión popular.

La Hidra sigue viva

No es casual que tanto el exfiscal Pedro Chavarry como la congresista de Fuerza Popular Luz Salgado, coincidan en afirmar  que las masivas  marchas ocurridas en todo el país, han sido pagadas.

El primero aseguró que las marchas en su contra realizadas luego que removiera del Equipo Especial Lava Jato a los magistrados José Domingo Pérez y Rafael Vela fueron “pagadas” por como IDL, Proética y Transparencia.

A su turno Salgado convocó a una conferencia de prensa para denunciar que los ciudadanos que participaron en la marcha contra Pedro Chávarry fueron pagados por Odebrecht o, incluso, George Soros.

No cabe duda que la congresista fujimorista aún recuerda “la marcha de los cuatro suyos” que fue en protesta de un presunto fraude que provocó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú. La marcha fue encabezada por Alejandro Toledo y partidos de izquierda. A Soros se le atribuye haber financiado esa marcha.

En política no hay casualidades

No es casual que Rosa María Venegas y Juan Manuel Duarte Castro, ambos ligados a los congresistas fujimoristas Karina Beteta y Bienvenido Ramírez, salieran del congreso para ir a trabajar como asesores de Pedro Chavarry.

Es más, Rosa María Venegas, adoptando las mismas actitudes desafiantes de su exjefe, retó al fiscal Pérez a que allane su casa y revise los documentos.

Envalentonada Venegas indicó que ella no tenía por qué pedirle autorización a José Domingo Pérez para ingresar a una oficina lacrada, pues dentro de ese lugar estaban sus documentos privados que fueron los que se llevó.

El congreso su último bastión

Ya sin jueces ni fiscales y con nuevas bancadas que disminuirán su poder (y abusos) en el congreso, ahora quieren tomar la presidencia del Parlamento para blindar a autoridades corruptas, agendando sus casos en las calendas griegas.

Para ello la bancada de Fuerza Popular no tuvo mejor idea que presentar una moción que pide la censura del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry.

Sin duda el hecho de que Salaverry autorizara a la Oficialía Mayor a registrar a los nuevos grupos parlamentarios que lo soliciten dando cumplimiento al fallo que dio el Tribunal Constitucional que dejó sin efecto en parte la ley que castiga el transfuguismo, que fue aprobada al inicio de la administración de Fuerza Popular en el Parlamento los ha puesto en pie de guerra.