Nuevo Perú exige que se debatan proyectos de ley anticorrupción

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Iniciativas fueron presentadas hace más de un año

Los congresistas de la bancada parlamentaria de Nuevo Perú exigieron el pronto debate de proyectos de ley que proponen luchar contra la corrupción y una mayor participación de la ciudadanía en la fiscalización de actos irregulares en la gestión pública, dijo el vocero de este grupo político Alberto Quintanilla.

“Estas iniciativas llevan muchos meses a la espera de debate. La falta de interés de los parlamentarios de las otras bancadas, sumado al blindaje y la pésima gestión de la Comisión de Ética, incapaz de sancionar efectivamente a los parlamentarios que incumplen la ley, generan un enorme daño a la imagen de los instituciones representativas en el país, como el propio Congreso”, sostuvo.

El legislador detalló cada una de las iniciativas legislativas presentadas por su bancada, entre ellos, el proyecto de ley que elimina el secreto bancario y la reserva tributaria para las autoridades elegidas por voto popular; también, la reforma constitucional que modifica el artículo 93° de la Constitución sobre el régimen de inmunidad parlamentaria.

“El ocultamiento de información que permiten el secreto bancario y la reserva tributaria es el pretexto para que determinadas personas naturales o jurídicas oculten actividades ilegales. Proponemos establecer un límite adicional, para fortalecer la legitimidad del ejercicio de la función pública que realizan las autoridades elegidas por el voto popular y los funcionarios a los que se refiere el artículo 99° de la Constitución”, dijo.

Dentro de este grupo de autoridades se encuentran el presidente de la República, representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, Defensor del Pueblo y el Contralor General.

Quintanilla sostuvo que es necesario limitar los alcances de la inmunidad de arresto y de procesamiento, en el marco de la consolidación del principio de separación de poderes y el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia, para que dichas prerrogativas se limiten a garantizar el normal desempeño de las funciones parlamentarias.

“El proyecto de Nuevo Perú, propone limitar estas prerrogativas solo para las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen los parlamentarios en el desempeño de sus funciones”, refirió.

Un tercer proyecto de ley, establece medidas contra la corrupción, derivadas de la tenencia de bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, al pretender evadir el correspondiente pago de tributos al erario nacional.

Para ello, se plantea a los funcionarios públicos, representantes por elección popular y receptores de subvenciones públicas especiales, la prohibición de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales (Off Shore) para postular a dichos cargos, durante el ejercicio del mismo y hasta veinticuatro (24) meses después de haberlo dejado, bajo sanción de destitución y penalidades correspondientes.

“Esta prohibición debe alcanzar al cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además se plantea la prohibición de no poder ser candidatos a la Presidencia, Congreso, municipios y gobiernos regionales, a las personas que tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”, explicó.

La cuarta propuesta legislativa, agregó, es otorgarle el necesario marco jurídico a las actividades de prevención, investigación y denuncia, que quisieran desarrollar organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio nacional, permitiendo no solamente participar en la fase de prevención de la corrupción, sino darle un rol más proactivo en la fase de investigación misma.

“Este tipo de veedurías, permitirá a los ciudadanos interesados en poder intervenir en los procesos de gestión pública que afecten sus intereses, y cuando tengan sospechas de actos irregulares”, precisó.

El quinto y último proyecto de ley en mención, busca derogar el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, exceptuando de su alcance al Poder Legislativo, permitiéndole elegir a los miembros de su propia oficina Órgano de Control del Congreso de la República.

(Fuente: Andina)