El ministro de Justicia, Salvador Heresi, sustentó las iniciativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción, que el Ejecutivo propone para legislar en el marco de la delegación de facultades solicitadas al Congreso.
Durante su presentación en el Parlamento, remarcó que para el Ejecutivo resulta indispensable legislar en esta materia, al señalar que se trata de uno de los ejes de la gestión del presidente Martín Vizcarra.
Indicó que, entre otras medidas, se propone ampliar los alcances de los decretos legislativos 1243 y 1295 (muerte civil), con el fin de impedir el ingreso o permanencia en la administración pública de personas que hayan sido condenadas penalmente por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo.
Asimismo, regular la gestión de intereses en la administración pública, lo que permitirá dar transparencia a la actuación de las personas naturales y jurídicas (púbicas o privadas) que realizan gestiones o son recibidas por autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como detectar posibles conflictos de intereses.
El ministro explicó, además, que se busca regular la presentación de la declaración jurada de intereses, medida que debe ser obligatoria para funcionarios y servidores públicos, sobre todo si tienen capacidad de decisión o manejo de recursos públicos.
Bajo ese marco, explicó las medidas destinadas a que el sector privado cuente con instrumentos jurídicos para denunciar penalmente actos de soborno o condicionamiento entre empleados, órganos o asesores que impidan la libre competencia entre empresas.
De igual modo, se planteó la derogatoria del proceso de pérdida de dominio y el establecimiento del proceso de extinción de dominio, así como la creación de un subsistema especializado de extinción de dominio con jueces y fiscales especializados en esta materia.
El Ejecutivo, dijo, busca fortalecer la lucha contra la evasión con medidas legislativas que permitan combatir las actividades ilícitas en las operaciones de comercio exterior.
«El objetivo es lograr la disminución de actos ilícitos en el comercio exterior vinculados al lavado de activos y defraudación tributaria», añadió.
(Fuente: Andina)