Miguel Torres: Colusión, peculado y asociación para delinquir serán imprescreptibles

0
205

Lima, 01 Marzo 2017 (peruinforma.com).-

Después de 17 años de espera y 52 intentos legislativos, el pleno del Congreso de la República aprobó hoy -en primera votación- que los funcionarios o servidores estatales que incurran en los delitos de corrupción serán perseguidos por la  justicia sin plazo alguno.

 

Se trata de la enmienda al artículo 41 de la Constitución Política del Estado mediante el cual se habilita el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado.

 

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres (FP) cerró el debate general en el que intervinieron 42 legisladores pertenecientes a las distintas bancadas políticas aceptando algunas sugerencias de sus colegas que criticaron que en la propuesta original se diga que la ley establece la imprescriptibilidad “en los supuestos más graves o recurrentes”.

 

la propuesta que finalmente fue aceptada multipartidariamente reza: “la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”.

 

Torres dijo que con la aprobación -en primera votación- de la enmienda constitucional será una señal clara a la ciudadanÍa que la política y la corrupción están en aceras opuestas y que el actual Congreso de la República no tiene temor alguno de enfrentar a la corrupción así implique enfrentarse a los grandes grupos de poder.

 

“Ha sido este Congreso diferente el que lo ha aprobado por unanimidad por ser consciente que es necesario sancionar a toda persona inescrupulosa que atenta contra el patrimonio del Estado”, remarcó.

 

Y, aseveró que las figuras jurídicas de la colusión, peculado doloso y culposo y la asociación para delinquir, entre otras, se establecerán en la futura ley que regulará la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra el Estado. “Ya se aprobó en el inicio de la presente legislatura y sólo tenemos que esperar la próxima (legislatura) para consolidar la norma constitucional que será de un gran beneficio para la sociedad”, afirmó.

 

PROPUESTAS MULTIPARTIDARIAS

Antes, intervinieron Yeni Vilcatoma (NA) quien propuso que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción comprenda a quienes incurran en los delitos de asociación ilícita u organización criminal; Justiniano Apaza (FA) planteó que la nueva sanción alcance a los particulares;  mientras que  Tania Pariona sugirió a sus colegas que se instaure un Pacto Ético Nacional.

 

Patricia Donayre (FP) expuso que la reforma constitucional es un primer paso en la lucha contra la corrupción pero que urge “meter la uña” en el tema de las adendas a los contratos con el Estado y en el financiamiento a los partidos políticos; en tanto que Gino Costa (PPK) trajo a colación que el Poder Ejecutivo ha dictado los decretos legislativos 1243, 1352 y 1341 que están orientados a combatir las malas prácticas vía la modificación de la Ley de Contrataciones hasta la inhabilitación al funcionario estatal que incurra en la corrupción.

 

Alberto Quintanilla (FA) planteó reformar la Constitución Política en la parte referida a la inmunidad parlamentaria y que sea el Poder Judicial la instancia que levante el secreto bancario además de fortalecer la Contraloría General de la República. Mauricio Mulder (CPA) dijo que la propuesta de enmienda constitucional es un “engañamuchachos” a la ciudadanía porque finalmente la imprescriptilidad será regulada por una ley cuando, a su criterio, debería centrarse la atención parlamentaria en reformar el Código Penal.

 

Richard Acuña (APP) dio aportes para mejorar el texto presentado por la Comisión de Constitución mientras que su colega Edgar Ochoa (FA) planteó que los magistrados, sea del Ministerio Público o del Poder Judicial, culpables de consagrar la impunidad de los delitos de corrupción sean destituidos de sus cargos inmediatamente.