Mercado de valores es menor frente a otros países, dice Superintendencia

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La Bolsa de Valores de Lima está por debajo de sus similares de Colombia, Chile y México y el monto manejado por ella entre el 2012-16 representa un porcentaje de un 2,8% del PBI. La capitalización bursátil en el 2016 fue 159 mil 67 millones de dólares.

Cifras como estas y otros alcances de la labor que realiza la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores fueron dadas a conocer por su titular José Manuel Peschiera Rebagliatti, en la Comisión de Economía el miércoles 13.

Peschiera, quien está en el cargo desde mediados de octubre pasado, trazó un cuadro nada prometedor del mercado de valores en el país y sostuvo que no se podía garantizar el crecimiento de la Bolsa limeña porque eso depende del mercado.

La Superitendencia, dijo su representante, tiene como tareas la protección del inversionista, buscar la reducción del ‘riesgo sistémico’ a través de la supervisión, regulación, orientación y educación del mercado bursátil.

Su labor la ejerce sobre 274 empresas emisoras de valores, 77 entidades autorizadas, 31 sociedades administradoras de fondos, 44 fondos de inversión, 2 empresas proveedoras de riesgos y 5 clasificadoras, y 13 patrimonios titulizados, además de la propia Bolsa de Valores. Dijo que diez de esas instituciones emisoras concentran el 53% del monto de circulación de las OPP en instrumentos de deuda.

Durante su exposición, informó que el monto colocado en la BVL de ofertas públicas-privadas es de 1,577 millones de dólares al año como promedio y que era preocupante la brecha entre los saldos de créditos y el monto de circulación versus el PBI. El monto negociado en noviembre último fue 8,336 millones de dólares, “lejos del año 2007 que fue de 12 mil millones”, dijo el superintendente.

Cada Sociedad Administradora de la Bolsa negoció, en promedio, 198 millones de dólares, muy por debajo del mercado bursátil. El patrimonio administrado, dijo el superintendente, es de 8,961 millones de dólares. Participan diez sociedades administradoras de fondos mutuos y la buena noticias es que el patrimonio administrado se ha duplicado en los últimos diez años.

Posteriormente anunció en la comisión una serie de iniciativas, sugerencias, pero también limitaciones para realizar eficientemente su labor. Propuso la revisión de la regulación de las ofertas públicas privadas, desarrollar un reglamento en el marco de una Ley de Desarrollo del Mercado de Capitales y el fortalecimiento de la protección al inversionista.

Señaló como limitaciones que la Superintedencia, dependiente del Ministerio de Economía, no tiene recursos propios, se le prohíbe (por DL) modificar su Texto Ùnico de Procedimientos Administrativos, contratar más personal especializado y que la Ley Servir le resta competitividad y línea de carrera. La superintendencia tiene 232 trabajadores, de los cuales 196 son de planta y 36 profesionales están por régimen CAS.

Posteriormente participaron los congresistas con sus preguntas, entre ellos Percy Alcalá, Jorge del Castillo, Marisa Glave, Jorge Castro, Guillermo Martorell, Dalmiro Palomino y Osías Ramírez.

En sus respuestas, José Peschiera informó que la única empresa constructora peruanas que cotiza en la BVL es Graña y Montero (el valor de sus acciones ha caído en un 70%), que la Superintendencia no tiene injerencia en los fondos de inversiones en empresas de Fondos Mutuos; y que la concentración de acciones en las Sociedades Administradoras de Fondos puede traer un riesgo sistémico. Propuso la creación de un comité integrado por el MEF, BCR, SBS y la Superintendencia para hacer un seguimiento y evitar cualquier riesgo de concertación.

PROYECTOS DE LEY

Culminada su exposición, la Comisión, bajo la presidencia del congresista Güido Lombardi, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el Fondo Sierra Azul, para financiar los proyectos de inversión pública a nivel nacional, incluyendo a los departamentos de la Amazonía.

En segundo término quedó para un mayor debate el proyecto de ley que modifica la Ley 29426 sobre jubilación anticipada, que propone que sea permanente la devolución de los aportes que han hecho los desempleados a las AFP.

La jubilación anticipada fija en 60 años de edad para hombres y mujeres y como requisito estar doce meses en desempleo continuo. La secretaría técnica de la comisión propuso el archivamiento del proyecto, a lo que se opuso el congresista Yonhy Lescano. Dijo que se estaba negando que los jubilados reciban lo que aportan a las AFP, que el Estado no se perjudica y que no era cierto que el nivel de desempleo sea del uno por ciento, sino que es del 6,4% según el INEI.