Precisa magistrado supremo Víctor Prado Saldarriaga
El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga refirió que no es necesaria una sentencia en segunda instancia para autorizar el levantamiento de la inmunidad de arresto del legislador Edwin Donayre, por lo que el Congreso debería realizar ese procedimiento cuanto antes.
Según dijo en Ideeleradio, el Poder Judicial ha sido sumamente claro respecto a este tema y advirtió que la indecisión del Congreso sobre el caso Donayre afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Prado, quien presidió el Poder Judicial hasta diciembre pasado, explicó que en el caso Donayre no se requiere de una sentencia en segunda instancia, pues su caso se vio en el marco del Código de Procedimientos Penales.
Dicho instrumento jurídico no exige un fallo en segunda instancia para ejecutar una sentencia condenatoria, a diferencia del Código Procesal Penal que sí lo hace, indicó.
“En el caso del congresista Edwin Donayre tuvimos una declaración muy clara al respecto: dijimos que en el caso de esa persona su destino se hallaba decidido en tanto que su proceso penal estaba conectado con la normativa relacionada al Código de Procedimientos Penales, donde pena impuesta, pena ejecutada. He escuchado declaraciones que decían que es necesario que haya una segunda instancia, bueno, eso en tanto la ley lo exija, pero no lo exige”, afirmó.
Donayre y un grupo de oficiales y subalternos del Ejército fueron sentenciados en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de cárcel al ser hallados responsables del robo de gasolina destinada a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar del Sur, el 2006.
No obstante, la inmunidad parlamentaria ha evitado que el citado legislador sea encarcelado, hecho que sí ha ocurrido con el resto de militares condenados, quienes no cuentan con esa prerrogativa parlamentaria.
En la víspera, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso aprobó, con los votos de miembros de Fuerza Popular, no levantar la inmunidad de arresto de Donayre hasta que la Comisión de Constitución emita un informe sobre este caso.
La decisión fue interpretada como un nuevo “blindaje” de la bancada fujimorista de Fuerza Popular a Donayre.
(Fuente: Andina)