Formulan denuncia contra funcionarios anteriores del Gobierno Regional

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Sesión del Pleno del Congreso.

 Hechos sobre situación de proyecto Majes Siguas II confirman las acciones de fiscalización

El congresista Justiniano Apaza indicó que las denuncias periodísticas sobre Majes Siguas II, ponen al descubierto la verdad de este proyecto, el cual abre el camino a un escenario de denuncia penal en contra de la ex los funcionarios que están implicados en esta estafa mayúscula, porque han construido un escenario de compromisos mediante actas y acuerdos que lleva obligatoriamente a la firma de la adenda 13.

El parlamentario señaló que en varias ocasiones se han presentado observaciones insalvables en el denominado “cambio tecnológico”, que la ex gobernadora ocultó intencionalmente,  que fueron dolosamente manejadas mediante  ampliaciones de plazo y formulación de controversias para que el Gobierno Regional asuma compromisos legales al amparo de actas y acuerdos firmados por funcionario sin mandato expreso y sin las competencias de ley, de esta forma se creó una interpretación arbitraria del TUO del Contrato.

“Tan cierto es lo digo, que en el oficio sobre “escenarios posibles respecto de adenda por cambio tecnológico”, el funcionario precisa que, si no se firma la adenda, el consorcio recurrirá al arbitraje por un monto de 78.88 millones de dólares, en vista que no se dio solución a las controversias planteadas y al daño que se les ha ocasionado. Es decir, el consorcio Angostura gana dinero por ambos lados, con o sin adenda, sin poner un solo dólar”, enfatizó.

En este escenario, el legislador indicó que lo que debe hacer el Gobierno Regional, es reiniciar inmediatamente las obligaciones contractuales, establecidos en el TUO del contrato, y exigir el inmediato reinicio de las obras. No se debe de aceptar ninguna negociación de reprogramación de obligaciones contractuales porque constituye el instrumento legal que requiere el consorcio para no caer en incumplimiento.

“Basta ya de impunidad, han pasado ya dos meses de gestión del Gobierno Regional y es tiempo más que suficiente para tomar conocimiento de la realidad del proyecto y adoptar las medidas legales para ejecutar Majes Siguas II. Por lo pronto, debe ordenar que se formule denuncia penal en contra de la ex gobernadora y los funcionarios responsables.