Desacatarlo podría al Congreso en el mismo nivel que el chavismo, dice De Belaunde
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que ordena archivar el proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso el Frontón, “no es negociable”, por lo que solo queda que el Congreso lo acate, opinó el congresista Alberto de Belaunde.
Según el legislador, al haberse sometido de forma soberana al sistema interamericano, el Perú debe cumplir y respetar las decisiones que emanen de este tribunal.
“Eso no es negociable, ni interpretable. Nosotros, de manera soberana, nos sometimos, y si bien todo ciudadano puede discrepar con las decisiones de la Corte, uno no solo acata aquellas con las que está de acuerdo, la idea es cumplir todas resoluciones”, remarcó el legislador.
Alberto de Belaunde consideró, en ese sentido, que las acusaciones contra vocales del TC deberían ser archivadas lo más pronto posible, pues desacatar lo dispuesto por la Corte IDH sería una actitud que pondría al Congreso al mismo nivel que el chavismo en Venezuela.
“Sin duda, no queda otro camino que acatar. La democracia del país, nuestro prestigio internacional y nuestra posición de principios a favor de la democracia en la región nos exigen ser coherentes y respetar esta decisión”, comentó en diálogo con la Agencia Andina.
Agregó que carecen de sustento las posturas de algunos congresistas según los cuales la decisión de la Corte IDH afecta la soberanía e independencia del Estado.
Al respecto, precisó que, al ser parte del sistema interamericano, es posible que los órganos de justicia internacional intervengan en asuntos internos de Perú.
“Si Chile se hubiese negado a acatar la sentencia de La Haya que resolvió el diferendo marítimo con Perú, se hubiese generado un grave problema internacional. Lo mismo sucede con la Corte IDH”, manifestó el parlamentario.
El último viernes, la Corte IDH ordenó archivar la acusación constitucional seguida en el Congreso de la República contra los magistrados del TC Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, por el llamado caso Frontón.
Con cinco votos a favor y dos en contra, la instancia interamericana tomó esa decisión y dispuso, además, que a más tardar el 15 de abril se requiera al Estado Peruano un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.
La acusación contra los cuatro vocales del TC había sido planteada por emitir una resolución de aclaración que cambió el voto de un exmagistrado, Juan Vergara Gotelli, en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, al considerar que hubo un error en el conteo de votos.
De esa manera, se les acusó de infringir la Constitución Política del Perú, así como de vulnerar la “cosa juzgada” y cometer el delito de prevaricato.
La Sala Penal Nacional consideró como delito de lesa humanidad la presunta matanza de 135 reos en el penal El Frontón, ocurrida en junio de 1986, por la que se abrió proceso a 35 exmarinos como supuestos autores de estos crímenes.
(Fuente: Andina)
